Compraron armas como usuarios legales, pero un detalle en sus denuncias los delató

Dos hombres terminaron con prisión preventiva en Santa Fe acusados de comprar armas de fuego como legítimos usuarios para después desviarlas al mercado ilegal. La investigación que los involucra comenzó por un detalle que ellos mismos aportaron sin querer: las denuncias que presentaron tras desprenderse del armamento.

El fiscal Agustín Nigro imputó este martes a Luis Alberto A., de 41 años, y a Lautaro David G., de 27, por los delitos de entrega ilegítima de armas de fuego y falsa denuncia. En una audiencia en los Tribunales santafesinos, el juez José Luis García Troiano dictó la prisión preventiva de ambos. Las prácticas se reiteraron entre noviembre de 2025 y abril de este año.

El ardid que se les volvió en contra

Según la acusación, los implicados se presentaron por separado y en distintas fechas en dependencias policiales como víctimas de robos de armas que en realidad habían entregado de forma voluntaria a terceros. En todos los casos denunciaron haberlas perdido al sufrir algún hecho delictivo.

Cuando fueron convocados para ampliar detalles, sus relatos no cerraron. "Al cargar en el sistema informático del MPA los datos de las armas se constató que varias habían sido secuestradas en legajos en los que se investigan violencias altamente lesivas", reveló el fiscal. Y agregó que al volver a entrevistarlos "ambos brindaron relatos inconsistentes".

Nigro sostuvo que los envíos al mercado negro se detectaron justamente por la reiteración de denuncias que los propios imputados presentaron "con la intención de procurar su impunidad".

Las compras en la armería

Como legítimo usuario, Luis A. adquirió en una armería de la capital cuatro pistolas semiautomáticas entre el 11 de noviembre y el 4 de diciembre del año pasado. "Luego, les dio esas armas a personas que no contaban con la correspondiente autorización legal para tenerlas consigo", planteó el fiscal al acusarlo.

En el mismo local, Lautaro G. compró también como legítimo usuario tres pistolas semiautomáticas, una carabina y un fusil semiautomático entre el 20 de enero y el 16 de abril de este año. Según la acusación, esas armas también fueron desviadas.

En la pesquisa fue identificado un tercer involucrado, alguien del entorno de los detenidos que sigue prófugo con una orden de detención vigente. Entre los tres adquirieron por lo menos 17 armas que luego fueron introducidas en el mercado ilegal.

Los números que no cerraban

Entre las diligencias de la causa se recabaron informes de las compras de armamento y municiones de los detenidos. Se detectó que tanto los montos abonados como los modos de pago eran incompatibles con sus perfiles financieros.

El juez García Troiano consideró que, ante la complejidad de la investigación, existían riesgos procesales —de fuga o de entorpecimiento— si los imputados seguían el proceso en libertad. Evaluó que las atribuciones delictivas lucen acreditadas y tuvo en cuenta que las penas en expectativa son de cumplimiento efectivo.

La fiscalía regional encuadró el caso dentro de los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su plan de persecución penal, que considera de especial gravedad los delitos vinculados con armas de fuego.

Un antecedente que ya tuvo condenas

Las maniobras de desvío de armas registran varios antecedentes en la provincia. En una causa por mercado negro de armas en Rosario, el año pasado fueron condenados el psiquiatra Marcelo Lemoine y el instructor de tiro Jorge Fedeli a 3 años de prisión condicional por sus aportes, como profesionales autorizados, para emitir credenciales de legítimo usuario a nombre de cómplices de Lucho Cantero, condenado en agosto a 31 años de prisión por liderar una facción de Los Monos desde el penal de Marcos Paz.

En ese expediente, ocho personas fueron acusadas por la compra ilegítima de armas —tenían registradas de cuatro a más de cuarenta armas cada uno— que eran desviadas a bandas criminales como parte de una estructura coordinada que funcionó entre 2021 y 2024.