Compraron un campo con una seña mínima y lo loteaban como un country: el dato que complica a los acusados

La investigación por las presuntas estafas con terrenos en Oro Verde, que habría dejado entre 300 y 400 damnificados, entró en una nueva etapa: el juez Rafael Cotorruelo pidió que se reformulen y precisen los hechos denunciados, y la próxima audiencia quedó fijada para el 2 de diciembre de 2026. Así lo confirmó a Elonce el abogado querellante Sergio Pacher, que representa a un grupo de víctimas.

El magistrado tomó esa decisión por la cantidad de operaciones involucradas y la complejidad del expediente. "El juez ha dado lugar para que se reformulen los hechos y se especifiquen, al ser hechos diversos y complejos; ya que hay entre 300 y 400 personas damnificadas", declaró Pacher.

Cómo habría sido la maniobra

Uno de los ejes de la causa es el loteo Valle de Oro Verde, donde muchas personas compraron parcelas que después quedaron atrapadas en el conflicto judicial. Según la querella, los acusados habrían adquirido —o simulado adquirir— un inmueble de una sucesión y, sin completar el pago, empezaron a vender lotes a particulares.

"Compraron o simularon comprar un terreno a una sucesión, pagaron una módica suma, no entregaron ni siquiera el 5% del total y nunca pagaron lo otro. Mientras tanto, fueron vendiendo terrenos y la gente pensaba que ya estaba todo consolidado", relató el letrado.

La oferta incluía atractivos que hacían más creíble la operación: "como un country con cancha de golf, cancha de tenis, piscina y demás, para atraer a la gente", señaló Pacher.

El rol de escribanos y corredores

El querellante también apuntó a los profesionales que intervinieron en las operaciones. "Participaron un montón de corredores inmobiliarios. Cuando uno va a comprar un terreno dice, voy a un corredor porque me garantiza, porque tiene un colegio atrás. Pero acá no fue así", expresó.

Según contó, algunos corredores y escribanos fueron convocados como testigos. "Esto no se podría haber llevado a cabo si no hay escribanos que actuaron en forma fraudulenta", sostuvo, aunque aclaró que esos profesionales declararon en calidad de testigos.

Cuánto dinero estaba en juego

Los terrenos se comercializaron por valores de entre 10.000 y 15.000 dólares por unidad, siempre según las estimaciones de la querella, con variaciones según cada operación. "Las estafas normalmente operaron por alrededor de entre 10.000 y 15.000 dólares por terreno. Imagínense que estamos hablando de 300 a 400 terrenos. Es una cifra más que importante", manifestó Pacher.

Con esos números, el total de las operaciones podría ubicarse entre tres y seis millones de dólares, aunque se trata de un cálculo orientativo que no representa un monto de perjuicio determinado por la Justicia. El abogado también se preguntó por el destino del dinero y contó que la querella impulsó medidas para asegurar el sometimiento de los acusados al proceso.

Civil o penal: la discusión de fondo

La defensa sostiene que el conflicto debe resolverse en el fuero civil. La querella, en cambio, considera que los hechos encuadran en el delito de estafa. "Nosotros entendemos que está tipificado en el Código Penal y que es un delito penal", afirmó Pacher.

Su argumento es que la vía civil no alcanza para reparar a las víctimas cuando el dinero ya no está. "Una persona estafa, hace desaparecer el dinero. ¿Y cómo le cobra usted? Puede hacer una inhibición general de bienes, puede embargar lo poco que le quede, pero no le cobra más", explicó.

La causa sigue en pie

Pacher remarcó que, pese al tiempo transcurrido desde las operaciones, el expediente no prescribió. "No operó la prescripción en esto, estamos completamente seguros", aseguró, y advirtió sobre las demoras habituales en causas complejas: "A veces la Justicia tiene esas dilaciones que hacen que las causas se vayan perdiendo en el tiempo y prescriban".

Para el querellante, el caso afecta a personas que buscaban un terreno para construir su vivienda, un problema que excede lo patrimonial.

Qué pasará el 2 de diciembre

En la audiencia de diciembre se reformulará la acusación para que la defensa de Norma Migueles y de su hermano Ricardo pueda ejercer su derecho. "El 2 de diciembre se hace la audiencia donde se va a reformular la acusación, para que la otra parte pueda ejercer el derecho de defensa de la señora (Norma) Migueles y de su hermano (Ricardo)", precisó Pacher.

Superada esa instancia, la causa apuntaría al debate oral, con una lista de testigos que ronda entre 80 y 100 personas. "Son cerca de 80, 90 o 100 testigos en el juicio, de los cuales hicimos un acuerdo probatorio con Fiscalía para que no sean tantos", indicó. El juicio podría durar cinco o seis jornadas, según la cantidad de testimonios.

Por último, el abogado ratificó que seguirá empujando el proceso y dejó abierta la chance de una reparación económica: "Lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, a menos que la señora Migueles proceda a resarcir económicamente a las personas que damnificó".