Compró en el microcentro, perdió su DNI y una tarjeta: meses después la llamaron del banco

Una mujer perdió una riñonera mientras hacía compras a pie en la zona de Junín y El Bajo, en pleno microcentro tucumano. Adentro llevaba un portadocumentos con su DNI original y una tarjeta Naranja. Lo que parecía un mal día terminó siendo el inicio de una megafraude: la persona que encontró esos documentos los usó para vaciarle la vida financiera y acumular maniobras por más de 30 millones de pesos.

El hecho ocurrió la tarde del 26 de enero de 2026. Según la investigación, quien halló la documentación sabía perfectamente a quién pertenecía y, lejos de devolverla o avisar a la policía, decidió quedársela.

El primer movimiento

A partir de ese hallazgo, la imputada desplegó una seguidilla de operaciones con identidad falsa. Entre el 27 de enero y el 10 de febrero de 2026, haciéndose pasar por la titular del DNI y de la tarjeta, concretó compras presenciales y virtuales en locales de la capital provincial. El acumulado de esa primera etapa: $3.234.659,08.

El plan no terminó ahí. El 24 de febrero usó los datos filiatorios de la víctima y recibos de sueldo que había descargado de forma indebida para abrir una cuenta crediticia y gestionar un préstamo personal en Rapicuotas por un valor neto de $2.646.000. Al día siguiente repitió la modalidad en Castillo Central, donde obtuvo un crédito personal de $1.985.413,92.

Marzo: tarjetas nuevas y electrónica

El 8 de marzo de 2026 la acusada llamó al call center virtual de Credimás, aportó la documentación robada y abrió una cuenta de tarjeta de crédito. Después retiró el plástico en la casa central y lo usó para compras físicas en comercios céntricos y para pedir préstamos virtuales. Total: $1.217.038,92.

Ese mismo mes también engañó a Electrónica Megatone SRL (On City) para acceder a un crédito de consumo de productos electrónicos por $2.735.000.

Abril: el despliegue más ambicioso

El 1 de abril de 2026 fue al salón comercial de Tarjeta Titanio y exhibió el DNI extraviado junto con recibos de sueldo que había sacado de la plataforma estatal Digituc. Así consiguió otra cuenta de tarjeta de crédito. Con ese plástico hizo un raid de compras por posnets en locales céntricos por $1.193.242,91.

El 8 de abril por la mañana fue a una sucursal del Banco Macro y engañó a las empleadas de las cajas humanas para extraer en efectivo $2.084.300 directamente de la cuenta bancaria de la damnificada.

El 17 de abril, cerca de las 20, actuó con un cómplice en Castillo Central. Usando los datos e informes salariales de Digituc, consiguieron una ampliación de crédito personal por $11.911.304,91. En esa maniobra, el acompañante firmó la documentación y actuó como usuario adherente para comprar una motocicleta valuada en $7.221.000.

El 29 de abril la acusada se presentó en Tevelin SA, falsificó la firma de la víctima y tramitó un crédito personal con descuento por planilla de haberes. Se llevó artículos tecnológicos de alto valor por $2.639.141,00. El 5 de mayo, en Mobilar, obtuvo un crédito en cuenta corriente para retirar productos por $200.900,00.

El error que lo cambió todo

El engaño se cortó la mañana del 8 de mayo de 2026, a las 11.30. La mujer volvió a la sucursal del Banco Macro e intentó retirar $100.000 en efectivo de la cuenta de la víctima. Pero un empleado de seguridad la reconoció por una maniobra similar de semanas atrás y alertó al cajero.

Al verificar que los datos biométricos y la firma no coincidían con los de la titular, las autoridades del banco llamaron a la policía. Los efectivos llegaron al lugar y la aprehendieron.

La condena

La causa la tramitó la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila y con la representación del auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto. El proceso terminó con un juicio abreviado que fijó para la imputada una pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Al fundamentar la condena, el representante de la acusación pública remarcó: “Como circunstancias agravantes se valoran especialmente la pluralidad y reiteración de hechos cometidos; la planificación evidenciada en las maniobras; la extensión temporal del accionar delictivo; la utilización sistemática de la identidad de la víctima; la multiplicidad de entidades financieras y comercios perjudicados; la magnitud del daño económico ocasionado; la afectación simultánea del patrimonio y de la fe pública; y el elevado grado de organización demostrado para concretar cada una de las maniobras investigadas”.