Compró ganado con cheques sin fondos y ahora la Fiscalía quiere meterlo preso: el juez ya lo había dejado libre
Le pagó al vendedor de ganado con cheques sin fondos y la causa lleva años trabada. Ahora la Fiscalía reclama que vuelva a la cárcel, pero la defensa insiste en que la detención fue mal notificada.
El Colegio de Jueces de San Luis analiza si revierte una decisión que dejó en libertad a un hombre imputado por estafa. Se trata de Aldo Hugo Gallo, acusado de pagar con cheques sin fondos la compra de animales vacunos a un vendedor de ganado.
La audiencia de revisión se realizó en los últimos días y el Ministerio Público Fiscal pidió que se vuelva a discutir la prisión preventiva. El juez de Garantías Nº 4, Santiago Ortiz, había declarado nula la detención del acusado al considerar que no se notificaron correctamente los motivos de la medida, lo que afectó su derecho de defensa.
El planteo de la Fiscalía
Los fiscales sostuvieron que en aquella resolución nunca se trató el pedido de prisión preventiva y reclamaron que se otorgue por dos meses. Entre los argumentos enumeraron el riesgo de que se entorpezca la investigación, el incumplimiento de un acuerdo previo, el perjuicio económico para la víctima y la falta de arraigo del imputado.
El caso se remonta a diciembre de 2022, cuando Gallo habría concretado la compra de vacunos mediante un ardid y entregado cheques sin fondos como forma de pago. Por ese hecho, la Fiscalía formuló acusación por estafa y pidió una pena de cinco años de prisión, además de la declaración de reincidencia.
Querella y defensa, en veredas opuestas
La querella, que representa al vendedor de ganado, acompañó el planteo fiscal. Afirmó que el acusado nunca habría tenido intención de cumplir el acuerdo ni de reparar el perjuicio económico que ocasionó.
La defensa, en cambio, pidió que se rechace la revisión y se mantenga la resolución anterior. El abogado argumentó que la audiencia original apuntaba al control de la acusación y no a discutir la prisión preventiva. También cuestionó que la detención no se hubiera notificado como corresponde y aseguró que los riesgos procesales no están acreditados.
La decisión queda para después
El tribunal que intervino estuvo integrado por las juezas Cintia Paola Martín y Daniela Estrada, junto con Mauro D’Agata Henríquez. Los magistrados pidieron el expediente y adelantaron que darán a conocer su resolución por escrito dentro del plazo que marca la ley.
Por el Ministerio Público Fiscal actuó José Olguín; por la querella, Adrián Lezcano; y por la defensa, Víctor Villegas. Héctor Lazzari se desempeñó como secretario del Colegio de Jueces.
