Compró nueve pistolas como usuario legal y siete nunca aparecieron: una terminó en un intento de homicidio

La Justicia de Santa Fe condenó a Brian Armando Aquino, de 32 años, a cuatro años de prisión por usar su credencial de legítimo usuario para comprar pistolas y desviarlas después hacia el mercado ilegal. La sentencia la firmó la jueza Susana Luna al cierre de un juicio oral y público que terminó este miércoles en los tribunales de la ciudad.

El fallo lo consideró autor del delito de provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad. Además de la pena de cárcel, la magistrada le impuso una inhabilitación de diez años para volver a ser autorizado como legítimo usuario.

Quién llevó adelante la investigación

La causa estuvo en manos de Juliana González, fiscal del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras escuchar el veredicto, la funcionaria valoró que se haya dado por acreditada la atribución delictiva, aunque aclaró que esperará los fundamentos del fallo antes de definir los próximos pasos. La Fiscalía había pedido una pena mayor, en línea con la gravedad de los hechos que se le atribuyeron.

González también subrayó que la jueza haya dispuesto la inhabilitación por una década, un punto que consideró relevante para evitar que el condenado vuelva a acceder a armamento por la vía legal.

Nueve pistolas, dos recuperadas

Según la investigación, Aquino tenía registradas a su nombre nueve armas: cinco pistolas calibre .380 y cuatro calibre 9 milímetros. Las bases de datos oficiales muestran que compró una en 2021, otra en 2023, otra en 2024 y seis a lo largo de 2025.

Las operaciones se hicieron a través de transferencias entre legítimos usuarios y de compras en tres armerías de la ciudad de Santa Fe.

Para la Fiscalía, el hombre se valió de la autorización que tenía para adquirir armamento y luego se lo entregó a personas que no contaban con la credencial correspondiente. Esa conducta, sostuvo la acusación, se repitió de manera habitual y puso en riesgo la seguridad pública.

La pesquisa también concluyó que Aquino no tenía capacidad patrimonial suficiente para justificar de forma lícita esas adquisiciones. La hipótesis fiscal es que revendía las pistolas por encima del precio del mercado legal y destinaba parte de las ganancias a comprar nuevas armas, repitiendo el circuito.

El allanamiento y las siete armas que no aparecieron

Aquino fue detenido el miércoles 3 de diciembre de 2025 en un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) en la zona oeste de Santa Fe, donde vivía.

En el procedimiento, los agentes secuestraron apenas dos de las nueve armas registradas a su nombre. Las otras siete ya habían sido derivadas al mercado ilegal y, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía, no tenían pedidos de secuestro ni denuncias por robo, hurto o extravío.

Uno de los episodios que González puso en relieve involucra a una pistola calibre .380 que había sido del condenado. El arma fue secuestrada en noviembre de 2023 en poder de un hombre que meses después fue condenado por una tentativa de homicidio cometida con esa pistola.

Para la fiscal, ese caso muestra el peligro que implica la circulación de armamento fuera de los controles legales: las pistolas pueden terminar ligadas a otros delitos.

Qué dijo el condenado sobre las armas faltantes

Durante la investigación, el MPA sostuvo que Aquino estaba obligado a informar cuál había sido el destino de las siete pistolas que nunca se recuperaron. Según González, el acusado tuvo oportunidades a lo largo del proceso penal para aclarar qué pasó, poner el armamento a disposición e identificar a quienes lo recibieron, pero no lo hizo.

La fiscal afirmó que el condenado ocultó a propósito la identidad de los destinatarios de las armas, además de las fechas y los lugares donde se concretaron los intercambios.

El convenio que originó la causa

El expediente se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA dentro de su Plan de Persecución Penal, que pone el acento en controlar y reducir la circulación indebida de armas de fuego.

La investigación arrancó a partir de un convenio de colaboración firmado en abril de 2024 entre la entonces fiscal general María Cecilia Vranicich, la entonces ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan. Ese organismo hoy se denomina Registro Nacional de Armas (RENAR).

La condena a Aquino fue por provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad. La Fiscalía analizará ahora los fundamentos del fallo para determinar si corresponde avanzar con alguna otra medida.