Compró nueve pistolas con su licencia legal, pero en los allanamientos solo aparecieron dos
Su licencia de legítimo usuario estaba en regla y le sirvió para comprar nueve pistolas. Cuando la Policía Federal allanó su casa, solo encontró dos: las otras siete nunca fueron denunciadas como robadas. La Justicia ya tiene una hipótesis sobre el destino de esas armas.
Un santafesino de 32 años fue condenado a cuatro años de prisión por usar su credencial de legítimo usuario para comprar armas y desviarlas al mercado ilegal. La jueza Susana Luna lo declaró autor responsable de provisión ilegal de armas agravada por habitualidad.
Brian Armando Aquino escuchó la sentencia al término de un juicio oral y público en los Tribunales de Santa Fe. Además de la pena de cuatro años, el fallo le impuso una inhabilitación especial de 10 años para volver a ser legítimo usuario.
Un negocio aceitado
La investigación de la fiscal Juliana González reconstruyó cómo operaba. En los registros oficiales figuraba como titular de nueve pistolas: cinco calibre 380 y cuatro calibre 9 milímetros. Las compras se sucedieron en el tiempo: una en 2021, otra en 2023, una tercera en 2024 y seis durante el año pasado.
Las operaciones se concretaron a través de transferencias entre particulares y compras directas en tres armerías de la capital provincial. Con la habilitación en regla, adquiría el armamento y después lo entregaba a personas sin ningún permiso legal.
Los pesquisas patrimoniales detectaron que Aquino no tenía ingresos ni capacidad económica para justificar ese volumen de compras. La hipótesis fiscal sostiene que vendía las pistolas a precios muy superiores a los del mercado formal y que parte de ese dinero financiaba la compra de nuevas armas, cerrando un circuito clandestino autosustentable.
El operativo y las armas faltantes
La detención se concretó el 3 de diciembre del año pasado, cuando la fiscal ordenó una serie de allanamientos ejecutados por la Policía Federal Argentina. En los procedimientos, los efectivos secuestraron solo dos de las nueve pistolas inscriptas a su nombre.
Las siete restantes no tenían denuncias por robo, hurto ni extravío. Para la Fiscalía, eso confirma que fueron desviadas deliberadamente al circuito ilegal.
El riesgo de esa operatoria quedó expuesto en la propia causa: una de las pistolas calibre 380 que Aquino había comprado legalmente fue secuestrada en noviembre de 2023 en manos de un hombre que meses después terminó condenado por un intento de homicidio cometido con esa misma arma.
El convenio que originó la causa
El caso surgió a partir de las herramientas de control fijadas en un convenio de colaboración institucional firmado en abril de 2024 entre la fiscal general María Cecilia Vranicich, la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el titular del organismo nacional de control de armas (ANMaC), Juan Pablo Allan. El acuerdo apuntaba a reducir la circulación indebida de armamento en el territorio.
