Compró un auto en una agencia de San Martín al 2600 y quedó detenido: lo que encontró la fiscalía

En San Martín al 2600 hay clientes que entregaron su auto como parte de pago y nunca recibieron el que les prometieron. La Justicia imputó a los dueños de la agencia y la cifra del perjuicio que estiman los damnificados es la que nadie quiere escuchar.

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Compró un auto en una agencia de San Martín al 2600 y quedó detenido: lo que encontró la fiscalía
Compró un auto en una agencia de San Martín al 2600 y quedó detenido: lo que encontró la fiscalía

La Justicia imputó a los dueños de Rosario Motorsport, la agencia de compraventa de autos ubicada en San Martín al 2600, por una serie de estafas que ya acumula 67 denuncias y que, según estiman los abogados de los damnificados, podría superar las 100 víctimas.

La acusación quedó a cargo del fiscal Iván Enríquez, de la Unidad de Investigaciones Estratégicas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien este viernes formalizó la imputación de los tres socios de la firma: dos hombres y una mujer.

Quiénes son los imputados

Uno de los detenidos es Juan Gabriel Alegre, apresado el lunes pasado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) durante un operativo en la zona de avenida Pellegrini al 800. Al día siguiente, Eduardo Escarcelo, otro de los socios, se presentó por sus propios medios ante la PDI y también quedó detenido por orden del fiscal.

La tercera imputada es una mujer identificada con las iniciales N.E. Al término de la audiencia, la jueza María de los Ángeles Granato dispuso que los dos hombres sigan detenidos con prisión preventiva por 60 días, mientras que su socia quedó en libertad con restricciones.

Qué denuncian los clientes

La investigación arrancó con las denuncias de clientes que dicen haber sido perjudicados en distintas operaciones con la agencia. En la imputación, la Fiscalía describe casos de personas que entregaron sus vehículos usados como parte de pago para comprar otras unidades y nunca recibieron los autos acordados.

También hay reclamos de quienes dejaron sus vehículos en consignación y después descubrieron que habían sido vendidos sin su autorización.

Según la acusación, para que las víctimas entregaran sus autos o su dinero, los imputados aprovechaban la estructura comercial de la sociedad y ofrecían precios o facilidades de pago supuestamente accesibles, con un trato personalizado, para aparentar garantía de que la operación se iba a cerrar sin problemas.

Cuánto dinero está en juego

Los abogados que representan a los denunciantes sostienen que la cantidad de víctimas puede superar las 100 personas. En septiembre, compradores afectados estimaron que el perjuicio económico rondaría los 3 millones de dólares.

Ahora la Fiscalía busca establecer las responsabilidades individuales en cada una de las operaciones denunciadas y reconstruir el recorrido del dinero y de los vehículos involucrados.

La defensa niega el dolo

Los abogados Carlos Varela y Juan Lewis, a cargo de la defensa de los acusados, plantean que no hubo dolo ni intención de perjudicar a los clientes, por lo que pedirán el cambio de carátula de la causa.

El intento de concurso preventivo

El caso también tuvo derivaciones en el fuero civil y comercial, donde la firma se presentó para intentar acceder a un concurso preventivo de acreedores. El trámite no prosperó debido a inconsistencias en la documentación presentada.

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