Compró una Hilux en una concesionaria de Orán y un control en la ruta le destapó lo que nadie le dijo
Pensó que cerraba un negocio redondo: dejó su camioneta usada, pagó el saldo y se llevó una Hilux 4x4 de la concesionaria. Meses después, un control de Gendarmería en la ruta le mostró lo que los papeles no decían.
Un hombre de 47 años, dueño de una concesionaria en San Ramón de la Nueva Orán, quedó imputado por defraudación por estelionato tras vender una camioneta que tenía un pedido de secuestro vigente. La causa la lleva la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos y Complejos de esa ciudad, que le abrió decreto de imputación en calidad de autor (artículos 173 inciso 9 y 45 del Código Penal).
Todo arrancó con la denuncia de un comprador que el 17 de diciembre de 2025 se llevó una Toyota Hilux 4x4 por 29 millones de pesos. La operación parecía cerrada: entregó otra Hilux modelo 2007 tasada en 19 millones, pagó siete millones y canceló los tres millones que faltaban.
El control que lo cambió todo
El 29 de marzo de 2026, el comprador circulaba por las inmediaciones de Aguaray cuando Gendarmería Nacional lo frenó en un control sobre la Ruta Nacional 34. Ahí se enteró de lo que la concesionaria nunca le había dicho: el vehículo registraba un pedido de secuestro desde el 8 de junio de 2025, dispuesto por la Justicia de Tucumán en una causa por estafa.
La camioneta quedó secuestrada en el acto. A partir de ahí, la Fiscalía reconstruyó la operación y estableció que la orden judicial ya existía cuando se cerró la venta.
Los papeles que no cerraban
La investigación detectó además inconsistencias en la documentación que se le entregó al comprador. El formulario 08 y los informes de dominio no reflejaban la titularidad registral vigente del rodado.
Para sostener la hipótesis de la maniobra defraudatoria, la Fiscalía especializada incorporó documentación registral, informes policiales, testimonios y reportes de movimientos bancarios. Ese material permitió reconstruir las operaciones económicas entre las partes.
La sospecha del fiscal
En su valoración inicial, la fiscal consideró que el comerciante habría ocultado deliberadamente la existencia del impedimento judicial que pesaba sobre la camioneta y que habría usado documentación desactualizada para concretar la venta, lo que le ocasionó un perjuicio patrimonial al comprador.
La imputación es por el delito de estelionato, figura que castiga la venta de una cosa ajena o ya vendida como propia, o de un bien sobre el que pesa un impedimento que se esconde al comprador.