Comunidad Organizada pide auditoría y más controles para El Medanito: qué reclaman por los cortes de agua

En la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados de La Pampa, los legisladores de Comunidad Organizada Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga Souto llevaron a debate dos temas que atraviesan a la provincia: la futura licitación del área hidrocarburífera El Medanito y los reiterados cortes de agua potable vinculados al Acueducto del Río Colorado. Entre sus propuestas, impulsaron sumar el RIGI al proceso licitatorio y exigieron explicaciones por las interrupciones del servicio.

El proyecto para El Medanito

Aliaga Souto expuso los lineamientos del proyecto de ley que presentó junto a Fonseca, que propone un nuevo marco para la licitación nacional e internacional del área por un plazo de 25 años. La iniciativa contempla una auditoría técnica externa e independiente previa al llamado, para conocer el estado real del yacimiento, los pozos activos y abandonados, la producción, las inversiones realizadas y la situación ambiental.

“Para Comunidad Organizada, esta información es indispensable para evitar que el nuevo concesionario termine asumiendo responsabilidades que corresponden a operadores anteriores”, sostuvo Aliaga. En ese punto, recordó que en la audiencia pública de junio se detectaron 137 pozos abandonados sin cumplimiento adecuado de los protocolos ambientales, con un costo estimado de remediación de unos 22 millones de dólares.

La iniciativa plantea una línea de base ambiental previa a la entrega del área y un deslinde de responsabilidades, para que los pasivos generados antes no recaigan sobre el nuevo concesionario ni sobre los pampeanos. También propone que, de manera excepcional, no sea exigible la participación obligatoria del 20% de Pampetrol S.A.P.E.M. en esta licitación.

“Desde Comunidad Organizada estamos convencidos que esto permitiría ampliar la competencia entre inversores nacionales e internacionales y generar mejores condiciones para obtener mayores regalías, bonos de ingreso e inversiones reales”, agregó el diputado.

El proyecto fija planes mínimos de perforación, mantenimiento, tecnología y remediación ambiental, sobre todo durante los primeros cinco años, y exige el cumplimiento efectivo del 80% de mano de obra pampeana y el compre local, con sanciones ante incumplimientos. La adjudicación deberá ponderar regalías, bono de ingreso e inversiones en recuperación asistida, secundaria y terciaria, y no reducirse solo al precio.

Aliaga también destacó la incorporación del RIGI, previsto en la Ley Nacional 27.742, como herramienta para dar previsibilidad y estabilidad jurídica y fiscal a las inversiones de gran escala. Aclaró que la adhesión no implica un beneficio automático para ningún concesionario, sino la posibilidad de presentar proyectos ante la autoridad nacional competente.

“Los recursos de La Pampa no pueden administrarse a libro cerrado. Los pampeanos tienen derecho a saber qué se entrega, en qué condiciones, cuánto se invierte, cuánto se recauda y quién responde por los daños ambientales”, enfatizó.

El reclamo por el agua

Fonseca pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución que reclama información y explicaciones por los cortes de agua y por el funcionamiento del Acueducto del Río Colorado. “El agua potable constituye un servicio esencial para la vida y la salud”, dijo, y remarcó que tanto Santa Rosa como las localidades abastecidas vienen sufriendo interrupciones reiteradas.

“Las familias juntan reservas, las instituciones suspenden actividades y los vecinos no saben cuándo volverá el agua. Eso no puede convertirse en normalidad”, expresó la legisladora, que también pidió la presencia del directorio de Aguas del Colorado S.A.P.E.M. y del responsable técnico del Acueducto para que expliquen las causas, el estado de la infraestructura y las medidas para evitar nuevos cortes.

Fonseca se refirió a las versiones que vincularon el último corte en Santa Rosa con diferencias políticas entre el oficialismo provincial y el intendente Di Napoli. “Si son falsas, que las desmientan categóricamente y con documentación. Si tienen algún grado de veracidad, la situación es gravísima. El acceso al agua potable no puede depender de una interna”, afirmó.

El cruce por REMEDIAR

En otro tramo de la sesión, Fonseca cuestionó el proyecto del oficialismo para repudiar el cierre del programa nacional REMEDIAR. Dijo que se intenta instalar “una falsa dicotomía” y que es legítimo discutir si los recursos se usan de manera eficiente. Recordó que el programa nació en 2002, tras la crisis de 2001, y que hoy corresponde auditar y evitar superposiciones administrativas.

La diputada también apuntó contra el gobierno provincial: mencionó que en 2017 se creó el laboratorio de producción de medicamentos en General Pico y que en 2020 Ziliotto lo transformó en un fideicomiso. “Al día de hoy, no se ha conocido ni un solo medicamento fabricado a partir de esos millonarios aportes provinciales”, sostuvo.

Ante la sugerencia de diputadas oficialistas de ir a la justicia, Fonseca respondió que “no existe una justicia independiente en La Pampa” y que trabajarán para lograrla. El cruce escaló cuando el diputado Espartaco Marín le dijo “saltó la laucha” por sus dichos sobre la trazabilidad de medicamentos. Fonseca le exigió disculpas públicas: “La constitución me protege”, afirmó.