Con el petróleo en llamas, una bomba de tiempo se activa en las estaciones de servicio de Argentina

La escalada bélica en Medio Oriente dispara los precios del crudo a niveles récord, poniendo contra las cuerdas la política de precios de combustibles en el país. Los especialistas advierten que los valores actuales en los surtidores están “desfasados” y que nuevos aumentos son una consecuencia forzosa. Mientras el Gobierno intenta medidas de emergencia para contener la inflación, la sombra de un ajuste en las pizarras se cierne sobre los usuarios.

La volatilidad extrema del mercado energético global, impulsada por los recientes bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán, ha creado un escenario de alta presión para Argentina. El bloqueo práctico del Estrecho de Ormuz, una vía crítica por donde circula el 20% del petróleo mundial, es el detonante principal de esta crisis.

¿Cuánto subieron ya los combustibles?

El impacto ya es tangible en los surtidores. Solo en lo que va de marzo, los combustibles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron incrementos cercanos al 9%. En la actualidad, según los valores de referencia, el litro de nafta súper en YPF promedia los $1.803, mientras que la versión premium (Infinia) alcanza los $1.975. El gasoil premium, por su parte, ya trepó a $2.033 por litro.

A pesar de los esfuerzos de la petrolera estatal, conducida por Horacio Marín, por “amortiguar” el traslado de los costos internacionales, la realidad es que la brecha respecto a la paridad de exportación se ensancha día a día. Los cálculos de la consultora Montamat & Asociados son contundentes: las naftas están hoy un 6% por debajo del valor de equilibrio internacional y el gasoil, un preocupante 16%.

El debate por el control de precios se reaviva

Ante este panorama de desregulación total, donde las empresas pueden modificar valores sin aviso previo, la política busca herramientas de contención. El bloque kirchnerista en el Congreso Nacional impulsa un proyecto para restablecer el control estatal sobre los precios de los combustibles.

La iniciativa apunta a revivir el “Sistema en Línea de Información de Precios en Surtidor”, un mecanismo derogado por la resolución 717/2025. El objetivo central es obligar a las petroleras a reportar cualquier ajuste con un mínimo de 72 horas de anticipación, devolviéndole al Estado una herramienta clave de monitoreo que hoy está en manos del libre mercado.

¿Puede el Estado frenar el impacto?

Desde el Instituto Mosconi, su titular Jorge Lapeña sostiene que el Estado posee facultades para priorizar el abastecimiento interno y evitar que el bolsillo de los argentinos siga de forma automática los vaivenes de un mercado global en guerra. Esta postura choca frontalmente con la política oficial.

La administración actual mantiene su firme postura de “paridad de exportación”, considerando que los precios internos deben reflejar los valores internacionales para asegurar la llegada de divisas frescas al país, un pilar fundamental de su estrategia económica.

Medidas de emergencia y la incógnita del gas

En un intento por frenar el impacto directo en el índice de precios al consumidor, la Secretaría de Energía tomó una medida de excepción. Decidió postergar hasta, al menos, mayo el traslado a los usuarios del costo de importación de Gas Natural Licuado (GNL).

Al demorar la licitación privada, el Gobierno busca un respiro temporario, evitando que el encarecimiento del gas necesario para cubrir la alta demanda invernal (que comienza en abril) alimente directamente la inflación del próximo mes.

Sin embargo, la incertidumbre reina. La cotización del barril de petróleo fluctúa violentamente, entre los 106 y los 116 dólares, pendiente de cada nuevo reporte de ataques en el Golfo. Daniel Montamat, exsecretario de Energía, fue tajante: si la cotización internacional se mantiene en estos niveles, los reajustes en las pizarras serán una consecuencia forzosa. La bomba de tiempo está activada y su cuenta regresiva corre al ritmo de la geopolítica global.