Con más plata en juego, el reclamo por los fideicomisos mineros que sigue sin respuesta

La discusión sobre los fondos fiduciarios mineros volvió al centro de la escena legislativa en Catamarca, y esta vez con un dato que aviva la polémica: una diferencia de $3.251 millones entre lo que ARCAT registra como regalías y lo que informa el Fondo Fiduciario. El diputado Francisco Monti fue quien puso el número sobre la mesa, y desde el oficialismo salieron a explicar el desvío. Pero para la ex diputada Silvana Carrizo y el diputado Mamerto Acuña, ambos de GENERAR, el problema es mucho más profundo.

“Pero no nos engañemos, aunque esa diferencia se explicara por completo, la cuestión de fondo seguiría sin saldarse”, advirtieron los dirigentes, que sostienen el planteo desde 2022 y lo repitieron en cada debate presupuestario de la Legislatura.

Un presupuesto paralelo que crece al margen del control

El primer cuestionamiento apunta a lo que definieron como un esquema de excepción. Las leyes 5.336 y 5.151 establecen que el presupuesto provincial debe contemplar la totalidad de los recursos y gastos del Estado. Sin embargo, los fondos fiduciarios mineros funcionan por fuera de ese marco.

Carrizo y Acuña recordaron que ya habían advertido esta situación durante el tratamiento del Presupuesto 2023. Luego, en el debate del Presupuesto 2025, volvieron a señalar que el fideicomiso de regalías no estaba incorporado y que incluso recursos provenientes del endeudamiento se destinaban a ese instrumento sin un control efectivo. El mismo planteo repitieron durante la discusión del Presupuesto 2026.

Rendiciones de cuentas que no alcanzan

La Ley 5.642 obliga a presentar informes semestrales ante las comisiones de Hacienda de la Legislatura. Para los dirigentes, esa documentación es insuficiente para conocer con precisión el destino de los fondos.

“Las rendiciones y los informes que llegan no permiten saber qué obra se financió, con qué recurso, a qué costo, con qué adjudicatario ni en qué plazo”, señalaron.

Como antecedente, mencionaron que en 2022 solicitaron informes sobre el fideicomiso del Salar del Hombre Muerto para conocer los ingresos y egresos anuales, el origen de los aportes y las obras ejecutadas. Cuatro años después, aseguran que siguen sin contar con esa información completa.

El rol de la Legislatura y los aportes del Tesoro

Otro de los ejes es la autorización de las obras. Carrizo y Acuña sostuvieron que los presupuestos del fondo nunca fueron tratados por la Legislatura y remarcaron que, más allá de que exista un listado de obras, es el Poder Legislativo el que debe autorizar el plan de inversión que involucra recursos públicos.

También apuntaron a los aportes extraordinarios que el Tesoro provincial giró al fideicomiso. “Si el fondo es tan eficiente, ¿por qué necesita nuevos recursos del Tesoro una y otra vez?”, se preguntaron.

Según su planteo, tres aportes extraordinarios realizados en dos años superan los $20.750 millones nominales. El último, por $7.751 millones en septiembre, se destinó a cubrir certificados de obra pendientes. Para ambos dirigentes, esto refuerza la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema y de que los recursos se administren con previsibilidad, transparencia y control.

El proyecto para derogar los fideicomisos y volver a la Ley 5.128

Frente a este escenario, recordaron que en 2025 presentaron un proyecto para derogar los fideicomisos creados con regalías mineras, derogar la Ley 5.642 y restablecer el régimen de la Ley 5.128, que contempla la transferencia directa de los recursos a los municipios.

La iniciativa se fundamentó en que las regalías deben beneficiar a las comunidades donde se desarrolla la actividad minera y en que los intendentes conocen de primera mano las necesidades de sus territorios. Antes de impulsarla, habían pedido sin éxito que los flujos del fideicomiso se incorporaran al presupuesto provincial y que se aplicara la Ley de Administración Financiera.

Sin embargo, en diciembre de 2025, pese a sus objeciones, la mayoría legislativa aprobó la unificación de los fideicomisos, que incluyó la disolución del correspondiente al Salar del Hombre Muerto y la concentración de los fondos en un único instrumento.

“Hoy los mismos problemas se discuten con más plata en juego”, advirtieron, al considerar que los cambios no resolvieron las dificultades de fondo en materia de información pública, rendición de cuentas y control sobre el destino de los recursos.

“No estamos contra la minería”

Los dirigentes aclararon que sus cuestionamientos no implican una oposición al desarrollo de la actividad minera. Sostuvieron que Catamarca necesita inversiones, generación de empleo, fortalecimiento de proveedores locales e infraestructura, pero remarcaron que ese proceso debe estar acompañado por mecanismos de transparencia.

“No estamos contra la minería. Catamarca necesita inversión, empleo, proveedores locales e infraestructura. Pero la licencia social no se construye con opacidad”, expresaron.

En esa línea, detallaron una serie de propuestas: incorporar los flujos del fideicomiso al presupuesto provincial; publicar las rendiciones semestrales completas, con la conciliación entre lo recaudado y lo ingresado; informar las obras por departamento con montos comprometidos, estado de avance y certificados pagados y adeudados; y elevar el plan estratégico de inversión a la Legislatura para su tratamiento.

También reclamaron que se restablezca el sistema de distribución directa de las regalías a los municipios.

Finalmente, insistieron en que estos recursos tienen una finalidad específica vinculada con la compensación, la reparación y la promoción del desarrollo de las zonas de influencia de la actividad minera. Por eso, consideraron que las decisiones sobre su utilización no deben quedar circunscriptas al Poder Ejecutivo, sino que deben adoptarse con información pública, control institucional y participación de las comunidades involucradas.

“Las regalías mineras existen para compensar, reparar y promover el desarrollo de las zonas de influencia. Su destino debe decidirse con control, información y participación del territorio, no puertas adentro del Ejecutivo”, concluyeron, al manifestar su disposición a participar de una discusión seria, técnica y transparente sobre el futuro de los fondos mineros en Catamarca.