Concejo de Rosario: el acuerdo por Uber y Didi volvió a trabarse y Javkin apuntó contra la oposición

La pulseada por el desembarco formal de Uber y DiDi en Rosario sigue sin resolverse. Este miércoles, por segunda vez, el plenario conjunto de las comisiones de Servicios Públicos y de Gobierno no logró consenso para emitir dictamen sobre el proyecto del Ejecutivo municipal que busca legalizar y regular las aplicaciones de transporte de pasajeros. El tratamiento en el recinto vuelve a quedar en suspenso.

La intención oficialista era llegar con la ordenanza aprobada a la sesión del jueves de la semana próxima. Ese plan quedó desarmado y la discusión continuará el lunes, cuando las comisiones vuelvan a reunirse.

A diferencia del encuentro anterior, esta vez no hubo manifestación de taxistas, remiseros ni cadetes de aplicaciones en las puertas del Palacio Vasallo, y las discusiones internas fueron menos ásperas. Aun así, no se alcanzó un texto de consenso.

Qué cambió en el texto y qué sigue trabado

El proyecto ya incorporó ajustes a partir de los reclamos de uno de los sectores alcanzados. La nueva redacción recoge el pedido del Sindicato de Trabajadores Cadetes y Repartidores de conservar la exclusividad de las motos para el reparto de alimentos, bebidas, medicamentos o mensajería. Para taxis y remises, en tanto, el traslado de bienes mediante plataformas queda limitado a aquellos productos que, por su volumen, no puedan transportarse en motocicleta.

Las diferencias de fondo persisten. El libertario Juan Pedro Aleart insiste con redactar una normativa nueva que reemplace a la ordenanza 10.544, aprobada en 2023 y que el Ejecutivo pretende modificar para adaptarla a las nuevas modalidades de viaje. El ex periodista también impulsa la legalización de Uber Moto, una alternativa que ni el oficialismo ni el resto de la oposición contemplan.

Aleart citó como antecedente a Salta, La Rioja y Tucumán, donde ese tipo de vehículos ya opera con seguro, casco obligatorio y licencia de conducir.

El oficialista Fabrizio Fratti rechazó la propuesta sin matices: sostuvo que los viajes de Uber Moto no cuentan con una cobertura que la Superintendencia de Seguros de la Nación pueda aceptar.

Desde el peronismo, Mariano Romero (Movimiento Evita) volvió a oponerse a la eliminación del límite de antigüedad de las unidades que propone el Palacio de los Leones y mantuvo la exigencia de considerar a las aplicaciones como un servicio público. Esa postura choca con la de Aleart, que defiende que el valor de los viajes se rija por la relación entre oferta y demanda.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, también salió al cruce: «Una de las razones por las que queremos legalizar Uber y Didi es porque queremos exigirle a ambas empresas que los autos que usen este servicio de movilidad para trasladar pasajeros tengan el seguro que marca la ley nacional, que tengan carnet profesional, que además tengan la VTV al día y que no tengan 30 años de antigüedad».

El reproche de Javkin a la oposición

El intendente Pablo Javkin terció en la discusión y apuntó contra los sectores opositores que objetan el texto. «Yo siempre recuerdo que a mí me pidió el Concejo por decreto que reúna todos los proyectos y elabore una propuesta, me lo pidieron por unanimidad», enfatizó.

«No es que a mí se me ocurrió mandar un mensaje, el propio Concejo me pidió que elabore un mensaje y pase a todos los proyectos. Y citamos, si no me equivoco, 14 proyectos que revisamos y los unificamos en una propuesta», reforzó. Y agregó: «Resulta bastante extraño que los propios autores de los proyectos que nos pidieron que miremos, no quieran votar lo que ellos propusieron».

Los puntos centrales del proyecto

La iniciativa de Javkin busca modificar la Ordenanza 10.544 para habilitar formalmente a Uber, DiDi y Cabify. Estos son sus ejes:

Registro obligatorio: se crea el Registro de Plataformas Electrónicas de Transporte, dependiente de la Secretaría de Movilidad. Las empresas tecnológicas deberán contar con autorización municipal expresa para operar.

Requisitos para los choferes: todos los conductores deberán tener licencia de conducir profesional y un seguro específico para el traslado de personas contratado para las aplicaciones.

Tarifa dinámica con piso: el precio se rige por la oferta y la demanda, pero se fija una tarifa mínima equivalente al boleto de colectivo para evitar una competencia desleal extrema con los taxis.

Inclusión de taxis y remises: los prestadores del sistema público podrán usar las plataformas digitales y realizar tareas complementarias como cadetería de manera legal.

Sin motos para pasajeros: la propuesta oficialista no autoriza el traslado de pasajeros en moto, como Uber Moto, por consideraciones de seguridad vial urbana.

El otro frente: los repartidores

El proyecto original habilitaba a taxis y remises a hacer tareas de reparto y cadetería, un punto que ya fue modificado en las reuniones de comisiones. En paralelo, los repartidores denuncian condiciones de precarización laboral extrema y falta de infraestructura, y piden que la normativa contemple mejoras para su desempeño.

Entre las propuestas aparecen estaciones o refugios de descanso con baños, agua y wifi. La idea es que el financiamiento de esa infraestructura quede a cargo de las aplicaciones, algo que las empresas —varias de ellas transnacionales— rechazan de plano.