Concordia aprobó el uso de dispositivos no letales para la Guardia Urbana: qué quedó sin definir
Concordia aprobó la ordenanza que habilita dispositivos no letales para la Guardia Urbana, pero el texto no dice qué equipos podrán usarse. El debate dejó críticas por las facultades que se otorgan y por las condiciones laborales de los agentes.
El Concejo Deliberante de Concordia dio luz verde a una nueva ordenanza que habilita a la Guardia Urbana a utilizar dispositivos no letales, aunque sin precisar cuáles serán los equipos concretos que podrán portar los agentes. La norma, aprobada el jueves, reemplaza toda la reglamentación anterior y abrió un fuerte debate sobre facultades, condiciones laborales y los límites de la prevención municipal.
El texto introduce una distinción central: por un lado, el artículo 5 ratifica que los integrantes de la Guardia Urbana no podrán portar armas letales «ni de ningún otro tipo». Por otro, el artículo 10 autoriza al personal de la Unidad Operativa a emplear elementos con características defensivas, dispositivos de sujeción y otros equipos que no sean armas letales y estén habilitados para uso civil.
Requisitos y condiciones para el uso
La ordenanza impone una serie de pasos antes de habilitar el uso de estos dispositivos. Exige capacitación dictada o avalada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y una autorización expresa y escrita. Además, fija un orden de actuación: primero, técnicas de mediación verbal y disuasión; luego, identificación y advertencia del uso del dispositivo, salvo que exista peligro.
El empleo de los equipos queda restringido a situaciones de agresión o resistencia persistente, en defensa propia o de terceros. La norma también obliga a usar herramientas de video proporcionadas por el Municipio para documentar las intervenciones.
El antecedente que precipitó el cambio
La decisión no surgió de la nada. A fines de octubre se difundió una imagen de Martín Amiano, director de Prevención y Seguridad Municipal, con un dispositivo Byrna en la cintura. Esa foto dejó al descubierto una contradicción con la Ordenanza 36.569, que prohibía a los preventores portar armas de cualquier tipo.
El oficialismo primero intentó una modificación puntual para eliminar esa prohibición general, pero finalmente optó por reemplazar toda la normativa. Durante el debate, Eliana Lagraña, autora del proyecto, defendió la iniciativa como una reorganización integral de las herramientas municipales de prevención. Aseguró que no se busca crear una policía paralela ni avanzar sobre las funciones de la Policía de Entre Ríos.
Las críticas de la oposición
Desde La Libertad Avanza, Yaiza Pessolani anticipó que su bloque no acompañaría la propuesta. Sostuvo que Concordia ya cuenta con herramientas como el Centro de Monitoreo, el botón antipánico y la coordinación con la Policía provincial. Cuestionó en particular el inciso k del artículo 8, que permite tareas que defina la Subsecretaría, y advirtió sobre el riesgo de una «policía política».
El peronismo centró sus reparos en los trabajadores. Claudia Villalba recordó que la Guardia Urbana fue creada para custodiar edificios y bienes municipales, y cuestionó que la nueva ordenanza no contemple el ingreso por concurso. Estimó que el área reúne alrededor de 350 trabajadores bajo distintas modalidades de contratación y preguntó quién asumiría la defensa legal de un agente involucrado en una denuncia por el uso de esos dispositivos.
Felipe Sastre, del PRO, defendió el proyecto, lo calificó de superador y rechazó las críticas. Ahora queda pendiente el protocolo que definirá qué dispositivos podrán usarse: sin ese detalle, la diferencia entre una herramienta preventiva y un nuevo foco de conflicto resulta difícil de sostener.