Condena a “Miss Orán”: la modelo y su pareja, atrapados en una red de drogas que la Justicia desmanteló

El brillo de los concursos de belleza quedó opacado por una condena judicial. Martina Oliva, conocida como “Miss Orán”, fue sentenciada a 7 años de prisión por su rol en una organización que transportaba marihuana desde la frontera norte hasta Salta capital. Su pareja, Joaquín Tolaba, recibió una pena mayor: 10 años de cárcel efectiva.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek, los declaró culpables como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado. La investigación los ubicó como piezas clave en una estructura dedicada al traslado de droga, para lo cual utilizaban una camioneta Toyota Hilux, que fue decomisada.

La evidencia digital que los hundió

Lo que selló el destino de la pareja fue un cúmulo de pruebas presentadas por los fiscales Eduardo Villalba y Florencia Altamirano. Audios, chats y movimientos bancarios tejieron una red de conexiones que los vinculaba directamente con el traslado de estupefacientes. Los investigadores sostuvieron que el viaje del 5 de febrero de 2025, donde fueron detenidos con 15 kilos de marihuana, era solo uno de al menos siete realizados con la misma modalidad.

Un análisis de la Policía de Seguridad Aeroportuaria reveló la magnitud de la operación: detectó 31 viajes realizados por Tolaba entre Orán y Salta capital. Muchos de estos trayectos tenían como destino el domicilio de un revendedor identificado como José Burgos. La trama financiera se hizo evidente con transferencias bancarias: en una sola operación, Burgos le habría transferido seis millones de pesos a Martina Oliva, coincidiendo con uno de los viajes monitoreados.

El argumento del “amor” que la Justicia desestimó

Frente a las acusaciones, la defensa de la modelo intentó una estrategia emotiva. Sostuvo que la participación de Oliva estuvo influenciada por su relación sentimental con Tolaba, argumentando que había actuado movida por el “amor”. Sin embargo, este planteamiento fue categóricamente rechazado por la fiscalía y el tribunal.

El fiscal Villalba enfatizó que ambos eran socios en la actividad delictiva, no víctimas de una circunstancia sentimental. Las juezas coincidieron. “El amor es un sentimiento y aquí no estamos juzgando eso, aquí se juzgan hechos”, remarcó la magistrada Cataldi durante la lectura del fallo, dejando claro que las pruebas pesaban más que cualquier justificación.

La logística delictiva: rutas oscuras y el rol de “barredora”

La organización operaba con una logística precisa para evadir a las fuerzas de seguridad. Utilizaban rutas alternativas, especialmente la ruta provincial 1, un camino más largo y con escasa iluminación, para pasar desapercibidos. En algunos operativos, la camioneta de Oliva y Tolaba cumplía una función táctica: actuaba como “barredora”, yendo por delante del vehículo que transportaba la droga para alertar sobre la presencia de controles policiales.

El final de su actividad llegó con un operativo el 5 de febrero de 2025. Durante una persecución, uno de los autos implicados intentó escapar a gran velocidad y los ocupantes arrojaron paquetes de marihuana por la ventanilla. Los bultos, con un total de 15 kilos, fueron hallados posteriormente a la vera de la ruta y entre los árboles cercanos.

Lavado de dinero y otras condenas

La investigación también arrojó luz sobre las intenciones de lavar las ganancias ilícitas. Un chat incorporado al expediente mostró que Tolaba planeaba abrir una carnicería, un negocio que, para la Justicia, funcionaría como fachada para blanquear el dinero proveniente del narcotráfico.

La fiscalía dimensionó la gravedad del caso señalando que los 15 kilos incautados podían generar más de 471,000 dosis destinadas al mercado ilegal. En la misma causa, otras cinco personas —Ángela Cuenca, Benjamín Delgado, Juan Romero, Roberto Leiton y el mencionado José Burgos— ya habían sido condenadas tras admitir su responsabilidad.

Mientras Joaquín Tolaba comenzará a cumplir su condena de 10 años con prisión efectiva, Martina Oliva continuará con arresto domiciliario hasta que la sentencia en su contra quede firme. El caso dejó al descubierto los mecanismos de una red que, desde la frontera, alimentaba el narcotráfico en la capital provincial.