Aceptó su culpa, firmó el juicio abreviado y evitó la cárcel. Ahora, la exdiputada mendocina va por una suma millonaria que tiene que ver con los meses en que no cobró su sueldo. La película que nadie vio venir.
La salida de Janina Ortiz de la Cámara de Diputados, resuelta este miércoles por votación tras su condena en un juicio abreviado, reavivó una trama de corrupción que la propia exlegisladora reconoció ante la Justicia para no terminar tras las rejas. Junto a su esposo, el exintendente Daniel Orozco, y a otros cinco exfuncionarios y allegados, desviaron fondos públicos a través de una cooperativa que ellos mismos manejaban.
De $35,5 millones a $435,7 millones: la cuenta real
El monto que se repitió durante años en cada cobertura —$35,5 millones— corresponde al período 2021-2023 y a las operaciones canalizadas mediante "Manos a la Obra", la cooperativa activada desde el propio municipio de Las Heras.
Esa cifra, sin embargo, quedó desactualizada. Según los cálculos que surgen del expediente, el perjuicio económico para el departamento asciende hoy a unos $435,7 millones, medidos a septiembre de 2026, el último mes con IPC oficial disponible.
El número surge de un informe del Cuerpo Médico Forense fechado el 17 de julio de 2025 e incorporado a la causa, donde el daño se estimó en $314.211.736. Al aplicar la inflación acumulada desde ese momento hasta septiembre de 2026 se alcanza la cifra actualizada.
En notas previas, las cuatro operaciones entre la comuna y la cooperativa se habían dimensionado en unos U$S 200.000, convirtiendo cada desembolso al tipo de cambio de su momento. La nueva valuación parte de la estimación judicial de julio de 2025 y su posterior ajuste por inflación. Como los precios internos y el dólar no se mueven al mismo ritmo, el monto en pesos supera hoy el equivalente de aquellos 200 mil dólares.
Condena en suspenso y una dieta que sigue en disputa
Orozco y Ortiz admitieron su responsabilidad en un juicio abreviado. El 20 de octubre, la jueza Marina Martín les impuso tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La pena condicional les evitó el ingreso a la cárcel.
Pese a haber firmado ese acuerdo, la exsecretaria de Gobierno de Las Heras sostiene un reclamo para cobrar alrededor de 30 meses de sueldo como diputada, los correspondientes al lapso en que estuvo suspendida y sin percibir haberes. Su defensa cuestiona que se le haya quitado la dieta antes de que existiera una condena firme. La presentación se tramita ante la Suprema Corte y rondaría los $150 millones.
El abogado Raúl Burela sostiene que la Legislatura se excedió en sus facultades disciplinarias al suspender el pago mientras la causa penal continuaba abierta. Para la defensa, en ese período debía regir la presunción de inocencia, y por eso reclama los haberes aun cuando no prestó funciones.
