Condenado a 8 años por un violento robo: exoneraron a un cabo penitenciario de Tucumán

Un cabo penitenciario fue condenado a 8 años por un violento robo en banda. ¿Sabés qué pasó con su cargo? La respuesta te va a sorprender.

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Condenado a 8 años por un violento robo: exoneraron a un cabo penitenciario de Tucumán
Condenado a 8 años por un violento robo: exoneraron a un cabo penitenciario de Tucumán

Un cabo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) fue exonerado tras ser condenado a ocho años de prisión efectiva por participar en un robo agravado. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 1.336/7 (SES), firmado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el secretario de Estado de Seguridad, Héctor Gustavo Vizcarra.

Ariel Gustavo Aráoz, el agente en cuestión, quedó formalmente expulsado del SPP y no podrá volver a desempeñarse en la administración pública provincial ni integrar las fuerzas de seguridad de Tucumán. La sanción se aplicó tras la finalización del sumario administrativo iniciado luego de su imputación penal por un violento asalto ocurrido en marzo de 2023.

¿Qué pasó con el sumario administrativo?

El expediente interno se abrió a partir de una comunicación de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Centro Judicial Capital, que notificó al SPP sobre la prisión preventiva dictada contra Aráoz. La víctima del robo fue Oscar Alberto Bergamin. Las autoridades suspendieron el trámite administrativo hasta que la Justicia dictara sentencia definitiva.

La condena penal

Una vez concluido el proceso penal, la Justicia condenó a Aráoz como coautor de robo triplemente agravado: por uso de arma de fuego, por haber sido cometido en poblado y en banda, y por la participación de integrantes de la fuerza policial y del Servicio Penitenciario. La pena fue de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, más accesorias legales y costas.

Durante la investigación administrativa, el cabo decidió abstenerse de declarar y no presentó descargos en los plazos establecidos. Con dictámenes favorables de la Asesoría Letrada, la Dirección General del SPP y la Fiscalía de Estado, el Poder Ejecutivo aplicó la máxima sanción: la exoneración.

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