Condenado por abusos y amenazas, ahora investigan si la hostigó desde la cárcel hasta un final trágico

Un remisero bonaerense de 35 años fue condenado el jueves 24 de septiembre por el Tribunal Penal 2 de Posadas a 16 años de prisión por "lesiones leves calificadas por el vínculo, amenazas y abuso sexual con acceso carnal, un hecho, todo en concurso real". Días después, la mujer que lo denunció fue hallada sin vida en una vivienda de la ciudad. Ahora la Justicia intenta determinar si el condenado volvió a hostigarla desde la cárcel, con un teléfono celular en la mano.

El juez de Instrucción 2, Juan Manuel Monte, y el fiscal Christian Oscar Antúnez Nerenberg abrieron la investigación. La madre de la víctima se presentó en el tribunal de la calle San Martín para pedir ayuda y radicar la denuncia. Además de ordenar la autopsia, el fiscal dispuso el secuestro del celular de la mujer, que quedó en cadena de custodia para la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC) del Ministerio Público Fiscal.

Qué dicen los primeros peritajes

Según fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, fue una hermana quien la encontró sin vida después de que tomara pastillas. El adelanto de autopsia marcó una presunta sobredosis como causa del deceso, aunque los resultados de los análisis toxicológicos serán los que lo determinen con precisión.

La hipótesis que manejan los investigadores apunta a un nuevo hostigamiento del condenado desde la cárcel. La pregunta central es cómo habría conseguido un teléfono si pesaba sobre él una prohibición de contacto.

El plan para que mintiera en el juicio

El mismo tribunal que lo condenó —integrado por César Antonio Yaya, Augusto Gregorio Busse y Gustavo Arnaldo Bernie (subrogante)— ordenó que se lo investigue por instigar a la víctima a mentir durante el debate y forzar su retractación. La mujer intentó cambiar su relato, pero el plan se descubrió a tiempo: el fiscal del juicio, Vladimir Glinka, advirtió que había recibido mensajes de Whatsapp enviados desde la cárcel por su expareja y pidió secuestrar el teléfono.

Las conversaciones se extrajeron y fueron expuestas durante el alegato acusador. En esos chats, la víctima era obligada a negar el calvario que había sufrido e incluso a sostener que había hecho una falsa denuncia para tapar, entre otras cosas, una supuesta infidelidad. Por esa maniobra, el tribunal también pidió investigar al defensor particular del condenado por el presunto delito de "instigación al falso testimonio".

Durante el debate, cuando declaraba la víctima, el abogado mostró una hoja impresa con un mensaje de Whatsapp en el que ella le pedía perdón al acusado. El fiscal no tardó en reclamar que se investigaran esas comunicaciones.

"Se lo imponía a palos"

En su alegato, el fiscal Glinka fue contundente: "Que la prueba de descargo que intentó presentar el defensor (los chats) se convirtió en la confesión de la persecución a esta mujer".

"Ella vivía sometida a la violencia, a cocaína las 24 horas. Cuando pudo denunciarlo fue porque ya estaba preso por otra causa. De todas maneras volvía a contactarla, consiguió un teléfono celular y la atemorizaba con amenazas", relató.

Y agregó: "No hay duda ninguna en este caso que él hacía lo que se le cantaba a ella. Le quitó a golpes el consentimiento para abusarla sexualmente, pero incluso cuando ya no podía de tanta cocaína que consumía la volvía a castigar. Es decir, no existió consentimiento alguno, no tenía otra opción la víctima, se lo imponía a palos".

Glinka también detalló las amenazas con las que la mantenía bajo control: "Para que no se escapara le repetía 'te voy a matar, voy a quemarte la casa con tu familia adentro'. Y lo hacía cuando la abusaba delante de la hija de ella, una niña pequeña".

"Las lesiones que sufrió de las golpizas pueden ser el delito menor acá, pero la revisaron los médicos y estaba literalmente molida a piñas, en la cabeza y el rostro. Ella misma lo describió en el expediente: 'Sentía que mi cabeza rebotaba contra el piso'. Durante seis horas sufrió la última vez en una pieza y enfrente a la hija", completó el fiscal.

Una prohibición que no se habría respetado

En su veredicto, el tribunal ordenó la prohibición de contacto y de cualquier tipo, modo y forma de comunicación entre el acusado y la víctima. También dispuso inscribirlo en el registro de condenados por delitos sexuales del Superior Tribunal de Justicia, además de la extracción de su registro de ADN para incorporarlo al banco provincial de huellas genéticas digitalizadas.

Ahora la investigación busca establecer si el condenado violó esa restricción y, en ese caso, cómo habría vuelto a conseguir un teléfono para hostigarla.