Condenado por tres muertes, vendió una propiedad y donó otra: ahora lo imputaron
La condena por la muerte de tres jóvenes en un departamento de Capital parecía un capítulo cerrado, pero la historia dio un giro inesperado: el hombre sentenciado habría tomado medidas para no pagar la indemnización. Ahora la Justicia lo imputó y le prohibió salir de San Juan. ¿Qué hizo con sus propiedades?
La Justicia de San Juan imputó a José Oscar Muñoz por presunta insolvencia fraudulenta y lo inhibió para disponer de sus bienes durante seis meses. La medida la tomó el juez Alberto Caballero, quien además le fijó la obligación de someterse al proceso y le prohibió salir de la provincia sin autorización judicial, ambas por el mismo plazo. Muñoz seguirá en libertad mientras avanza la investigación.
El caso busca determinar si el acusado se desprendió de parte de su patrimonio para dificultar el cobro de una indemnización que la Justicia le reconoció a la familia de una de las víctimas de una triple muerte ocurrida en Capital.
Las dos operaciones bajo la lupa
La hipótesis del fiscal Atilio Yanardi y del ayudante fiscal Mauricio Flores, de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, se centra en dos movimientos concretos.
El primero se registró el 16 de abril de 2025, cuando Muñoz vendió un inmueble en Avenida Córdoba por $176.000.000 a Carlos Sebastián Albano Reinuaba y Lorena Stefania Saladino Mora. El segundo ocurrió el 23 de junio de ese mismo año: donó a sus hijos el 50% de su parte de una propiedad en Esteban Echeverría 460 Norte, en Capital.
Según la acusación, ambas operaciones se hicieron mientras estaba en trámite el reclamo civil por daños y perjuicios. Para la Fiscalía, esos movimientos podrían haber reducido o comprometido el patrimonio disponible para afrontar la deuda judicial. El delito que se le atribuye provisoriamente es el de insolvencia fraudulenta, previsto en el artículo 179, segundo párrafo, del Código Penal, en función del artículo 45. La responsabilidad penal deberá establecerse durante el proceso.
El antecedente: la condena por las tres muertes
El expediente tiene su origen en la condena dictada el 10 de abril de 2024 contra Muñoz y su esposa, Teresa Elizabeth Scalise. Ambos recibieron tres años de prisión condicional e inhabilitación especial por seis años por homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas fatales.
El hecho se remonta al 12 de agosto de 2023, cuando tres jóvenes fueron encontradas sin vida en un departamento de calle Entre Ríos 339 Norte, en Capital. Las víctimas eran dos mujeres trans y una adolescente de 17 años que alquilaban temporalmente el lugar.
La investigación determinó que murieron por intoxicación con monóxido de carbono. El inmueble había sido acondicionado como monoambiente a partir de un garaje y tenía una cocina, un calefactor y un calefón a gas instalados sin las condiciones de seguridad necesarias. Tampoco contaba con las rejillas de ventilación exigidas.
Por esas muertes, Lorena Marta Otárola inició una demanda civil por derecho propio y en representación de los intereses derivados del fallecimiento de su hija menor. La Justicia hizo lugar al reclamo y condenó a la pareja a pagar una indemnización, más los intereses correspondientes.