Condenados por corrupción: la Justicia no define aún dónde cumplirán la pena
Los tres condenados por corrupción ya tienen destino judicial, pero la cárcel de Paraná no los quiere. Mientras discuten dónde cumplirán la pena, la jueza que debería decidir dice que no puede actuar. ¿Quién destraba el entuerto?
El exgobernador Sergio Urribarri, su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y su cuñado Juan Pablo Aguilera esperan que el Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná, a cargo de la jueza Cecilia Bértora, resuelva a qué unidad penitenciaria serán trasladados para cumplir la condena que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme esta semana.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, integrado por María Carolina Castagno, Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara, ordenó este viernes la detención "inmediata" de los tres a pedido del Ministerio Público, y su envío a la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Allí, Urribarri debería comenzar a purgar una pena de 8 años de prisión, mientras que Báez y Aguilera fueron sentenciados a 6 años y 6 meses por graves delitos de corrupción cometidos durante la gestión del exmandatario.
Sin espacio en la cárcel de Paraná
Sin embargo, la Unidad Penal de Paraná no puede alojarlos por falta de lugar. El subdirector del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Juan Santiago García, presentó un escrito ante la jueza Castagno y explicó que el establecimiento "no reúne las condiciones óptimas para brindar el alojamiento de los nombrados, teniendo en cuenta su edad avanzada y que en la actualidad la población que aloja dicha institución carcelaria es de 1.066 internos". García añadió que los pabellones tienen "alta densidad de población" y que solo cuentan con "lugares comunes para que transiten su condena".
Ante esta situación, el Servicio Penitenciario propuso que los tres condenados sean alojados en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, donde hay una celda disponible en el pabellón de adultos mayores, que actualmente alberga a 14 internos. Sobre las condiciones sanitarias, el organismo detalló que las ocho unidades penales cuentan con médicos y enfermeros hasta las 22 horas, aunque aclaró que no hay ambulancias para emergencias. En caso de necesitar estudios médicos específicos, se gestionan en hospitales públicos según la disponibilidad de turnos, y el Servicio Penitenciario se encarga del traslado. Los medicamentos, por su parte, se administran a través del Departamento de Farmacia, previa receta del área de sanidad de la unidad o de los efectores de salud pública que atienden a los internos.
¿Quién debe decidir el destino?
Por estas horas, sigue siendo una incógnita qué autoridad resolverá finalmente la asignación de las plazas. La jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, sostiene que la sentencia firme y el cómputo aún no ingresaron a su juzgado, por lo que no puede adoptar ninguna medida al respecto.
