Condenados por drogas piden pagar sus multas en cuotas: hasta 67 meses para saldar la deuda

Multas que superan los 2 millones de pesos y condenados que piden financiación. En Neuquén y General Roca, varios sentenciados por narcotráfico recurren a la Justicia para refinanciar sus sanciones económicas, alegando no poder pagar de contado. Los jueces de Ejecución ya aprobaron planes de pago que se extienden hasta cinco años.

Las solicitudes se multiplicaron durante este año. Las defensas argumentan que los condenados no tienen una situación económica holgada y proponen abonar montos fijos mensuales. En la mayoría de los casos, el Ministerio Público Fiscal no se opuso, aunque pidió controles periódicos para ajustar las cuotas si mejoran los ingresos.

¿Quiénes pidieron financiación?

En el área de Ejecución de General Roca se registraron dos pedidos esta semana. Un hombre ofreció pagar $50 mil por mes para saldar una multa cercana a los 3 millones de pesos. El fiscal no objetó, pero solicitó revisar su situación económica antes de fin de año. El juez aceptó y fijó 54 cuotas mensuales.

Otro caso fue el de una mujer condenada a pagar $2,7 millones. Su defensa propuso cuotas de $40 mil, con posibilidad de incrementarlas si mejora su economía. El magistrado aprobó 67 cuotas de $40 mil y una final de $20 mil, extendiendo el pago por más de cinco años.

No son los únicos. Durante los primeros meses del año, otros condenados por infracción a la Ley 23.737 también solicitaron refinanciaciones o tuvieron que justificar por qué dejaron de pagar compromisos previos.

Cuando los pagos se interrumpen

Un hombre en libertad, identificado como Jorge, debió explicar por qué dejó de pagar una multa de $129 mil. Había abonado $40 mil en abril, pero luego atravesó una separación, la enfermedad de sus padres y otros gastos. El fiscal fue comprensivo, pero el juez le ordenó cancelar lo adeudado antes de julio.

Otro caso expuso una situación más límite: un condenado con prisión domiciliaria en la Villa 21-24 de Buenos Aires pidió cuotas de solo $10 mil por mes. Su defensora oficial remarcó su fragilidad económica. La fiscalía no se opuso y el juez aprobó el plan.