Condenan a una joven tucumana por una red de falsificación de documentos médicos que impactó a decenas

Una tucumana de 27 años fue condenada a prisión por tejer una red de falsificación de sellos y certificados médicos que comprometió la salud pública y la honorabilidad de profesionales. La Justicia dictó una sentencia de cuatro años, que cumplirá en su casa con monitoreo electrónico, y una fuerte indemnización para las víctimas.

Brisa Rocío Fernández aceptó su culpabilidad a través de un juicio abreviado y recibió la condena del Tribunal. La modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica se dispuso al estar a cargo de un hijo menor de tres años. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II.

¿Cómo operaba la red de falsificaciones?

La actividad ilícita fue sistemática. Según la acusación del fiscal Fernando Blanno, Fernández se dedicó durante el año pasado a confeccionar y usar documentación médica apócrifa de manera reiterada.

El primer hecho comprobado ocurrió el 17 de febrero de 2025. Ese día, la mujer falsificó una ficha médica para el ingreso escolar de una niña, usando un sello profesional apócrifo a nombre de una médica real. En el documento incluyó datos inventados como peso, talla y un esquema de vacunación completo.

Months después, el 6 de septiembre de 2025, repitió la maniobra. Esta vez elaboró un certificado médico falso utilizando un recetario con sellos adulterados del Hospital Avellaneda. Allí consignó un diagnóstico de gastroenteritis que nunca existió y ordenó tres días de reposo para otra persona.

El allanamiento que develó todo

La trama se desmoronó el 22 de octubre de 2025. Investigadores allanaron su vivienda en el barrio San Miguel y el hallazgo fue contundente.

Encontraron tres sellos medalla pertenecientes a instituciones públicas: el Ministerio de Educación, el Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda, el SIPROSA y la Oficina de Trámites Ciudadanos. Pero eso no fue todo.

El operativo también permitió secuestrar 22 sellos profesionales de médicos, odontólogos y técnicos de la salud. La pesquisa determinó que todos fueron confeccionados de manera fraudulenta por la condenada para usarlos en certificados, fichas y otros documentos apócrifos.

Las consecuencias de una condena histórica

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás expuso la gravedad del caso. “Los hechos y la multiplicidad de víctimas comprometieron especialmente la fe pública, la salud de la ciudadanía y también la honorabilidad de los profesionales involucrados”, señaló.

Además de la pena de prisión, el juez impuso a Fernández una obligación económica de gran peso. Deberá resarcir a las víctimas con un total de $1.565.500, monto que se dividirá en cuatro partes.

También recibió la prohibición expresa de intimidar, directa o indirectamente, a las personas afectadas. La orden incluye hacerlo a través de terceros o por medios de comunicación.

El magistrado homologó el acuerdo y ordenó el decomiso de todos los elementos secuestrados. Además, dispuso un oficio a ANSES para que evalúe si la condenada puede seguir percibiendo la Asignación Universal por Hijo.

La sentencia marca un precedente en la lucha contra la falsificación documental en el ámbito de la salud, un delito que pone en riesgo a toda la comunidad.