Condenaron a un juez de Paz por quedarse con dinero de cuotas alimentarias: la maniobra que admitió
El magistrado reconoció que retuvo fondos que debían ir a dos mujeres. La Justicia le impuso una pena condicional, pero también una dura inhabilitación y la obligación de devolver el dinero.
Un juez de Paz de Aguaray fue condenado tras reconocer que no entregó a dos beneficiarias el dinero depositado en su juzgado en concepto de cuotas alimentarias. Freddy Josué Chocobar recibió una pena de un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado, cuyo acuerdo fue homologado por un juez del Tribunal de Juicio. Chocobar fue considerado autor de los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real y por dos hechos.
La maniobra que admitió el magistrado
La investigación estuvo a cargo del fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, y se originó a partir de denuncias vinculadas a fondos de cuotas alimentarias. El mecanismo era simple: el dinero se depositaba en el Juzgado de Paz de Aguaray para luego ser entregado a sus beneficiarias, pero eso no ocurrió en al menos dos oportunidades.
Durante la audiencia, Chocobar reconoció los hechos. En uno de los casos, una mujer se presentó en el juzgado para retirar $370.000 correspondientes a una cuota alimentaria, pero el funcionario no le entregó el dinero. También admitió un segundo episodio de similares características, en el que otra beneficiaria tampoco recibió los fondos que habían sido depositados para ella.
La inmunidad que hubo que allanar
La causa tuvo una particularidad por el cargo que ocupaba el acusado. Por su condición de juez de Paz, Chocobar estaba alcanzado por inmunidad constitucional, por lo que el Ministerio Público Fiscal no podía avanzar directamente con el proceso penal.
El fiscal Cazón inició entonces el procedimiento correspondiente y solicitó formalmente el allanamiento de la inmunidad. El pedido fue concedido por unanimidad por la Corte de Justicia de Salta, que además resolvió suspender provisoriamente a Chocobar de sus funciones. Esa decisión permitió que la investigación continuara hasta llegar al juicio abreviado y la posterior condena.
La restitución y las condiciones impuestas
Además de la prisión condicional y la inhabilitación, el condenado deberá restituir un total de $690.000 a las dos víctimas. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la primera cuota de esa devolución ya fue depositada y Chocobar deberá completar el monto restante conforme al esquema establecido judicialmente.
Durante los próximos dos años también deberá fijar residencia y someterse al control del Programa de Inserción Social y Control de Presos y Liberados. A su vez, tendrá prohibido acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y sus familias, y deberá abstenerse de ejercer amenazas o cualquier tipo de violencia física o psicológica contra ellas.