"Conejo" Martínez: los dos jueces que le abrieron la puerta de casa

Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, exintendente de Aguas Blancas, consiguió algo que la fiscalía peleó durante meses: cumplir su condena en una vivienda y no en una cárcel. Las firmas que lo hicieron posible fueron las del juez de Garantías N.º 1 de Orán, Raúl Fernando López, y las del juez del Tribunal de Impugnación, Guillermo Akemeier. Ambos resolvieron a favor del exintendente en un expediente provincial que investigó el filtrado de información reservada.

Ahora, la historia dio un giro. Martínez está detenido en el módulo de alto perfil de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, acusado en una causa federal de presunto narcolavado. Pero antes de llegar ahí, había logrado mantener la domiciliaria pese a los cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal.

La causa que lo llevó a la domiciliaria

El 24 de septiembre de 2024, Martínez fue detenido junto al abogado Roberto Ortega Serrano. La investigación apuntaba al acceso a información reservada de la causa por el asesinato de César "Oreja" Martínez, su hermano, acribillado en 2023.

La acusación salpicó al entonces juez de Garantías N.º 2 de Orán, Claudio Alejandro Parisi, a quien se le atribuyó haber filtrado medidas judiciales. Esas advertencias habrían permitido anticiparse a allanamientos, eliminar pruebas e influir sobre testigos. Parisi terminó destituido y quedó imputado. Las resoluciones que beneficiaron a Martínez, en tanto, llevaron la firma de López y de Akemeier.

Primer intento: domiciliaria en Aguas Blancas

El 10 de octubre de 2024, López rechazó el pedido de prisión preventiva efectiva y le concedió a Martínez arresto domiciliario con consigna policial fija en Aguas Blancas.

Uno de los puntos que la fiscalía cuestionó fue cómo el juez evaluó una condena previa. Martínez había recibido cinco años de prisión por transporte de estupefacientes en 2013. Según una fuente consultada, López consideró que ya habían pasado los diez años necesarios para que ese antecedente caducara. Los fiscales, en cambio, sostuvieron que el plazo no se había cumplido.

El 16 de octubre, la Unidad Fiscal —integrada por Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniela Murúa— apeló. Además del cómputo del antecedente, planteó que la domiciliaria no neutralizaba el peligro de entorpecimiento y cuestionó que se cumpliera en una vivienda frente a la Municipalidad de Aguas Blancas, en plena zona fronteriza.

Los mensajes que complicaron al exintendente

La objeción fiscal también se apoyó en el análisis del teléfono de Martínez. Según explicaron a El Tribuno, del dispositivo surgían pedidos a un abogado para presionar a un testigo y a terceros para interceptar e intimidar a otra persona.

Para la fiscalía, esos elementos demostraban que Martínez tenía capacidad para interferir en la investigación incluso desde su casa. La apelación no se limitaba a señalar la gravedad de los delitos investigados, sino que exponía conductas concretas que podían afectar la producción y conservación de las pruebas.

La suspensión y el nuevo domicilio

El 18 de octubre de 2024, apenas ocho días después de conceder la domiciliaria, López suspendió la medida y ordenó el traslado de Martínez a la sede de Infantería. La decisión respondió a un informe policial que detectó irregularidades en el inmueble: visitas durante la madrugada y la falta de presentación de la persona propuesta como garante. También se advirtieron dificultades para ejercer un control adecuado en la zona fronteriza.

La defensa presentó luego otro domicilio y nuevas condiciones para pedir que se restableciera el arresto domiciliario. El 5 de noviembre, López reanudó la medida en una vivienda de Orán. María Cristina Flores, hija de Martínez, fue aceptada como garante. La resolución estableció consigna policial fija, restricciones de visitas —limitadas a los jueves y sábados, de 16 a 19— y supervisión de la Dirección de Inserción Social. También contempló la evaluación de la factibilidad técnica de vigilancia electrónica.

El 15 de enero de 2025, Akemeier, juez de la Sala V del Tribunal de Impugnación, rechazó la apelación fiscal y confirmó la reanudación de la domiciliaria. Según la información aportada a El Tribuno, el recurso se tramitó ante la Vocalía I de la Sala I, cuyo titular es Rubén Arias Nallar, pero terminó siendo resuelto por Akemeier. Su intervención habría respondido a una cobertura interina durante la feria judicial.

La resolución consideró que la consigna policial, la garante personal, las restricciones de visitas y los controles eran suficientes para neutralizar los riesgos procesales sin necesidad de alojarlo en una cárcel.

La condena que se cumplió en casa

En diciembre de 2025, Martínez acordó un juicio abreviado y fue condenado por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional a un año y dos meses de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Admitió haber recibido y compartido información confidencial de la investigación por el asesinato de su hermano. También reconoció haber influido sobre testigos y eliminado datos de dispositivos para entorpecer las pesquisas. La pena de prisión se dio por cumplida con el tiempo de detención acumulado, que había transcurrido principalmente bajo arresto domiciliario, aunque también estuvo detenido antes de obtenerlo y fue trasladado a Infantería cuando la medida se suspendió.

La nueva causa federal y la fuga que lo complicó

La nueva causa federal volvió a poner bajo la lupa una posible advertencia sobre procedimientos judiciales. Según fuentes consultadas, la orden de los 32 allanamientos salió el viernes 2 de octubre a las 15 y los operativos comenzaron el sábado por la mañana. Cuando las fuerzas llegaron a buscar a Martínez, ya no estaba. Se sospecha que habría escapado durante la madrugada.

El parte fiscal difundido después de su entrega sostuvo que el exintendente contó con información previa sobre los allanamientos. La presunta filtración permanece bajo investigación.

Martínez se presentó el miércoles por la tarde en una comisaría de Orán. Al día siguiente, el juez federal de Garantías Gustavo Montoya lo imputó como presunto jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos de origen delictivo y dispuso dos meses de prisión preventiva.

Detención federal: el pedido de domiciliaria que no prosperó

La defensa volvió a solicitar la domiciliaria, esta vez con argumentos relacionados con su salud y con intervenciones quirúrgicas en la cabeza. Montoya consideró insuficiente el certificado presentado, que tenía cuatro meses de antigüedad, y pidió documentación actualizada.

Para resolver la detención, el magistrado valoró la fuga anterior a la entrega, los vínculos de Martínez con Bolivia, sus conexiones políticas y sus antecedentes judiciales. También tuvo en cuenta su conocimiento de la zona fronteriza y las posibilidades de sustraerse del proceso.

Durante la audiencia, Montoya expresó su desacuerdo con que algunos de los otros imputados hubieran quedado en libertad, aunque aclaró que no podía imponer medidas más severas que las solicitadas por la fiscalía. También diferenció el grado de probabilidad requerido para formalizar una investigación de la certeza necesaria para dictar una condena.

La fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi solicitó que Martínez fuera alojado en el módulo de alto perfil de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, inaugurado el 16 de agosto. Explicó que no había cupo en el Servicio Penitenciario Federal y que había conseguido una plaza en el establecimiento provincial. Montoya aceptó el destino y ordenó el traslado.