Congelaron su green card y ahora les dan solo 10 días para defenderse: la demanda que sacude al Uscis

Seis organizaciones de asistencia a refugiados y cuatro personas refugiadas presentaron una demanda colectiva contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis) para frenar tres medidas que, según denuncian, dejan en el limbo a miles de familias y recortan drásticamente sus derechos procesales. La causa quedó radicada en un tribunal federal de Massachusetts.

La arremetida judicial apunta a la política migratoria de la administración Trump, que quedó bajo la lupa de la Justicia. Los demandantes sostienen que las disposiciones modifican procedimientos vigentes y limitan las garantías legales de quienes buscan regularizar su situación en el país.

Una paralización que afecta a más de 113 mil solicitudes

El primer eje del reclamo es la congelación de las solicitudes de residencia permanente, conocidas como green cards. De acuerdo con la demanda, un memorando del Uscis emitido en noviembre de 2025 ordenó detener el procesamiento de los formularios I-485 presentados por refugiados admitidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025.

Los datos citados por los demandantes indican que la medida mantiene sin resolución al menos 113 mil solicitudes. Las organizaciones argumentan que la agencia no tiene autorización para interrumpir indefinidamente estos trámites.

El mismo memorando dispuso una revisión adicional de refugiados que ya habían ingresado legalmente a EE.UU. Ese procedimiento, conocido como revetting, contempla nuevas entrevistas y evaluaciones para determinar si las personas cumplían con la definición legal de refugiado cuando fueron admitidas. Las organizaciones cuestionan que esta revisión se aplique de manera generalizada sobre casos previamente aprobados.

“Los refugiados son parte esencial de este país. Estas medidas representan un terrible retroceso en las políticas de larga data de acoger a familias vulnerables”, afirmó Maria Chavez, directora legal de inmigración de Partnership for the Advancement of New Americans (PANA), en un comunicado.

De 30 a 10 días: el plazo que indigna

El otro punto central de la demanda es una regla interina publicada el 14 de octubre, que reduce el tiempo disponible para responder a una notificación de intención de cancelar el estatus de refugiado (NOIT, por sus siglas en inglés). El período pasó de 30 a diez días, con una extensión de tres días cuando la comunicación se envía por correo.

Según los demandantes, el cambio modifica una garantía procesal que se mantuvo durante 45 años. Argumentan que el nuevo plazo no permite, en numerosos casos, conseguir asistencia jurídica, reunir documentación, traducir expedientes o preparar una respuesta ante las autoridades migratorias.

“Nadie se beneficia, ni se siente más seguro, ni se recupera plenamente al cambiar arbitrariamente las reglas para presionar a esta comunidad a situaciones cada vez más precarias y difíciles”, dijo Camille Wathne, directora de proyectos especiales.

“Las familias refugiadas a las que servimos se preparan para la posibilidad de que su estatus pueda serles arrebatado arbitrariamente en cuestión de diez días”, agregó.

La acción judicial también advierte sobre las consecuencias de no contestar dentro del período establecido. Según las disposiciones cuestionadas, la falta de respuesta puede interpretarse como una renuncia al derecho de defensa y derivar en la cancelación del estatus, la pérdida de la autorización de empleo y el inicio de procedimientos de detención o deportación.

Quiénes impulsan la demanda

Entre las entidades que participan del litigio se encuentran Partnership for the Advancement of New Americans (PANA), Jewish Family Service of Western Massachusetts, International Institute of New England, African Communities Together, HIAS y Refugee Council USA. Todas trabajan en áreas como el reasentamiento, la asistencia jurídica y la integración de refugiados e inmigrantes.

La demanda incluye también a cuatro personas procedentes de Afganistán, Etiopía, Colombia e Irak, identificadas en el expediente como Lida A., Abdi B., Julio C. y Firas D. Sus situaciones se vinculan con la paralización de trámites de residencia o con los efectos potenciales de las nuevas reglas de revisión y cancelación del estatus.

La representación legal está a cargo de Democracy Forward Foundation e International Refugee Assistance Project (IRAP), con la participación de la firma Allen Overy Shearman Sterling US LLP. Los abogados solicitaron que el tribunal analice las medidas y determine si respetan las obligaciones legales del gobierno federal.

Qué piden al tribunal

Las organizaciones y los refugiados reclamaron una intervención de emergencia para suspender las tres políticas mientras se resuelve el litigio. Entre las medidas solicitadas figuran una orden de restricción temporal, una medida cautelar preliminar y una suspensión administrativa que impida al gobierno continuar con las disposiciones cuestionadas.

También pidieron que se restablezca el plazo de 30 días para responder a las notificaciones de cancelación y que se anulen las decisiones adoptadas bajo la regla que redujo ese período. La petición abarca los procedimientos pendientes y las notificaciones emitidas desde el 14 de octubre.

Por último, solicitaron que el tribunal declare ilegales las políticas, deje sin efecto las medidas impugnadas y certifique el caso como una acción colectiva para representar a los refugiados comprendidos en el reclamo que todavía no obtuvieron la residencia permanente. La presentación incluyó, además, un pedido de reintegro de honorarios legales y gastos procesales.