Convocan una nueva protesta federal: lo que reclaman las universidades y por qué el conflicto sigue escalando

Las universidades nacionales llamaron a una cuarta movilización federal desde la asunción del presidente Javier Milei, exigiendo que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. La marcha se realizará el 12 de mayo en la Plaza de Mayo, con el objetivo de ampliar el reclamo a toda la sociedad y presionar por la aplicación efectiva de una norma que, según las casas de altos estudios, no se está respetando.

La convocatoria fue definida de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, que integran docentes y trabajadores no docentes de organizaciones como Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun. Bajo la consigna “Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, el llamado incluyó a estudiantes y a la sociedad en general.

¿Qué establece la ley que no se estaría cumpliendo?

El eje central de la protesta es la aplicación efectiva de la ley sancionada por el Congreso, que establece mecanismos de actualización para los gastos de funcionamiento, los salarios y las becas. Las autoridades universitarias sostienen que la norma no se está cumpliendo, lo que impacta en el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

La ley vigente determina que el Poder Ejecutivo debe garantizar actualizaciones periódicas tanto para salarios como para partidas presupuestarias. También contempla la actualización de becas estudiantiles, un punto considerado clave para sostener el acceso al sistema educativo superior.

¿Cómo ha evolucionado este conflicto en los últimos meses?

El reclamo por el financiamiento universitario se sostiene desde 2024 y ya tuvo tres movilizaciones federales anteriores. La primera se realizó en abril de ese año, marcando la primera gran protesta contra el Gobierno, con foco en la actualización de los gastos de funcionamiento.

Con el paso de los meses, el conflicto se desplazó hacia la cuestión salarial. Las universidades advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes, y señalan dificultades para sostener actividades académicas y de investigación. La nueva marcha se inscribe en una serie de medidas de visibilización, como el paro a la japonesa realizado la semana pasada, con actividades abiertas a la comunidad, clases públicas y servicios gratuitos en distintas facultades.

El reclamo por el financiamiento universitario se sostiene desde 2024 y ya tuvo tres movilizaciones federales

¿Qué ha sucedido en el ámbito judicial y cuál es la postura del Gobierno?

En paralelo, el conflicto avanzó en el plano judicial. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado apeló esas decisiones, y el expediente continúa en discusión.

El Gobierno mantiene su rechazo a la implementación de la norma. Argumenta que la ley no define fuentes de financiamiento específicas y que su aplicación podría afectar el equilibrio fiscal. En esa línea, presentó recursos judiciales y avanzó con iniciativas legislativas alternativas.

En el Congreso, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto que modifica la ley vigente y reduce el alcance de las actualizaciones previstas. La propuesta no contempla la recomposición correspondiente a 2024 y plantea ajustes acotados para este año.

Mientras tanto, las universidades sostienen el reclamo en distintos frentes. La convocatoria a una nueva marcha busca reinstalar el tema en la agenda pública y sumar presión para que se cumpla la normativa vigente, en un conflicto que, por ahora, sigue abierto.