Córdoba: la Unicameral aprobó 24 nuevos órganos para la Defensa Pública y la oposición cuestiona el gasto

La Legislatura unicameral de Córdoba dio luz verde este miércoles a un proyecto que amplía la estructura del Ministerio Público de la Defensa con 24 nuevos órganos jurisdiccionales. La iniciativa, que busca fortalecer el acceso a la justicia, no estuvo exenta de polémica: la oposición apuntó contra la parálisis del sistema y el costo fiscal.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Bernardo Knipscheer, defendió la medida al sostener que la "organización de la justicia debe evolucionar al ritmo de la sociedad". Según el legislador, la creación de estos cargos es un paso necesario para descongestionar un sistema que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta.

¿Qué órganos se crearán en la capital?

En la ciudad de Córdoba, el proyecto contempla la puesta en marcha de 10 Defensorías Públicas Penales, cuatro Juzgados de Control y Faltas, dos Defensorías especializadas en Niñez, Violencia Familiar y de Género, un Juzgado de Ejecución Penal y una Defensoría Civil y Comercial.

Además, la actual Defensoría del Trabajo del Tercer Turno será transformada en una nueva Defensoría Civil y Comercial, también en la capital provincial. Esta readecuación busca optimizar recursos y responder a las demandas actuales de la ciudadanía.

¿Y en el interior provincial?

La iniciativa no se limita a la capital. En Villa Carlos Paz se instalarán un Juzgado de Control, Niñez, Violencia Familiar y Faltas; un Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia; y una Defensoría con Funciones Múltiples.

En San Francisco, en tanto, se conformará un Juzgado de Control y Faltas junto a una Defensoría Pública con Funciones Múltiples. Las estructuras de Defensorías Públicas con Funciones Múltiples también llegarán a Río Cuarto, Bell Ville, Villa Dolores, Cruz del Eje y Villa María.

Las críticas de la oposición

El tratamiento del proyecto no fue pacífico. Desde la oposición, los cuestionamientos se centraron en la parálisis que atraviesa el sistema de justicia en medio del conflicto entre el Tribunal Superior de Justicia y el gremio de empleados judiciales. También señalaron la falta de estadísticas que justifiquen la creación de estos órganos y el impacto en el presupuesto provincial.

Los legisladores opositores advirtieron que, sin datos concretos sobre la carga de trabajo actual, la ampliación podría resultar ineficiente y generar un gasto innecesario en un contexto de restricciones fiscales.