Corrientes quiere blindar los concursos de jueces: el detalle que incomoda a los tribunales

La entrevista personal parecía intocable en los concursos de jueces de Corrientes. El proyecto de Niz y Panseri la deja casi sin peso y pone al jurado frente a exámenes anónimos. Lo que se viene en los tribunales, adentro.

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Corrientes quiere blindar los concursos de jueces: el detalle que incomoda a los tribunales
Corrientes quiere blindar los concursos de jueces: el detalle que incomoda a los tribunales

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dio un paso que puede cambiar para siempre la forma en que se eligen los jueces en la provincia. Los ministros Fernando Niz y Eduardo Panseri presentaron un proyecto para modificar el Reglamento de Concursos para la Selección de Aspirantes a Magistrados, con un objetivo claro: sacarle discrecionalidad al sistema y ponerlo bajo la lupa de la sociedad.

La propuesta, fechada el 17 de septiembre de 2026, fue dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura provincial, Guillermo Semhan. Si se aprueba, Corrientes se convertiría en la primera provincia del país en adoptar el criterio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en la Acordada 4/2026, dictada el 25 de marzo de este año.

Qué cambia con el nuevo reglamento

El corazón del proyecto es el anonimato. Los concursos se convocarán de forma anticipada por regiones judiciales, antes del 15 de marzo de cada año, para desvincular la cobertura de vacantes de la urgencia política o del cargo vacío. La idea es que no haya lugar para apuros ni acomodos de último momento.

La prueba de oposición escrita tendrá dos etapas: una general automatizada y otra especial de carácter práctico. Todo se hará en ordenadores cerrados y con una codificación alfanumérica estricta, de modo que el jurado evalúe sin saber quién está detrás de cada examen. El anonimato digital es total.

La entrevista personal, bajo la lupa

El punto más sensible es el coloquio. En los pasillos de tribunales siempre se dijo que la entrevista personal era el espacio donde más se colaba la subjetividad. El proyecto busca acotar su peso a un máximo del 10 por ciento del puntaje total, es decir, 20 puntos sobre 200. Y prohíbe terminantemente que en esa instancia se vuelvan a evaluar conocimientos jurídicos teóricos: solo se medirá la aptitud funcional, la visión institucional y la ética del aspirante.

Además, las audiencias serán públicas, transmitidas por medios audiovisuales y con un registro obligatorio para que cualquiera pueda consultarlas después. Un gesto directo hacia la sociedad.

Antecedentes con puntaje y plazos automáticos

La calificación de antecedentes, que totaliza 100 puntos, también se reordena. Ahora pesará más la excelencia académica verificable que la simple acumulación de trámites o la antigüedad administrativa. El reparto será así: hasta 50 puntos para los antecedentes profesionales, un máximo de 30 para la formación académica de grado y posgrado, y un tope de 20 para docencia e investigación.

Para evitar que el expediente duerma en un cajón, se incorporan reglas de automatización de plazos. Si las comisiones no emiten dictamen definitivo en tiempo y forma, se dará por aprobado automáticamente el informe provisorio de la etapa anterior. El documento cierra pidiendo al Consejo de la Magistratura que dé traslado del proyecto para su pronto dictamen y posterior aprobación.

El respaldo de la Corte Suprema

La movida correntina no es un experimento aislado. Se apoya en el diagnóstico que la Corte Suprema nacional hizo sobre los sistemas tradicionales de selección de jueces, donde admitió que había una alta dosis de discrecionalidad, cuando no de arbitrariedad. En ese marco se advirtió que hubo postulantes que terminaron en las ternas ocupando los puestos 31 y 26, como casos extremos, aunque la alteración era moneda corriente.

La dinámica de modernización también se debatió en la Junta Federal de Cortes, con aportes de catedráticos de provincias como Córdoba, Santiago del Estero y La Pampa, orientados a consolidar la independencia judicial y la transparencia en todos los fueros del país.

Con este proyecto, Niz y Panseri apuestan fuerte: si el Consejo de la Magistratura lo aprueba, Corrientes marcará el camino para el resto de las provincias.

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