Corrientes reclama en el Senado: de cada $100 que se recaudan, la Nación se queda con $70
De cada $100 que se recaudan en el país, la Nación retiene $70 y las provincias hacen malabares con lo que queda. En el Senado, Corrientes y el interior pusieron el grito en el cielo: qué reclaman y por qué el piso del 34% nunca se cumplió.
La Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación puso primera este martes con una discusión de fondo sobre cómo se reparte la torta tributaria en el país. De cada cien pesos que se recaudan en la Argentina, el Estado nacional retiene setenta, mientras las provincias deben hacerse cargo de salud, educación y seguridad con presupuestos cada vez más ajustados.
La reunión, realizada en el Salón Azul del Palacio Legislativo, reunió a economistas, técnicos de centros de estudios y legisladores bajo una consigna clara: repensar el diseño federal frente a la realidad cotidiana de los distritos del interior.
Vischi: "Una deuda pendiente" de 30 años
El encargado de abrir el fuego fue el senador correntino de la UCR y presidente de la comisión, Eduardo "Peteco" Vischi, quien calificó el tema como «una deuda pendiente» que el Congreso arrastra desde hace tres décadas.
El radical advirtió que el debate no puede reducirse a una simple cuenta contable. Según planteó, la discusión debe apuntar a «la autonomía real, la sustentabilidad y el desarrollo equitativo de las provincias».
«La Argentina arrastra asimetrías que han condicionado el desarrollo de sus distintas regiones. Esas desigualdades siguen presentes y se manifiestan claramente en el modo en el que los tributos nacionales derraman hacia las provincias, perjudicando un desarrollo armónico», disparó Vischi.
Royón y el rol de amortiguador de las provincias
La senadora salteña Flavia Royón, que también integra la conducción de la comisión, puso el acento en otro punto: las gobernaciones terminaron cumpliendo un papel de amortiguador frente al repliegue de funciones del Estado nacional.
Para Royón, esa situación convierte la revisión del esquema distributivo en una urgencia impostergable. Y volvió sobre la carga: los distritos del interior afrontan obligaciones crecientes que no paran de sumar presión sobre las arcas provinciales.
La pulseada de Corrientes con la Nación
El debate legislativo no flota en el aire. Coincide con la pulseada permanente que los gobernadores mantienen con el Ejecutivo nacional en busca de previsibilidad financiera.
En el caso de Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés encabeza gestiones constantes ante la Nación para asegurar el flujo de recursos que sostengan el funcionamiento y el desarrollo del distrito. Los fondos coparticipables y los sucesivos pactos fiscales marcan el pulso de la administración local.
El senador Francisco Paoltroni también sumó tensión al debate: cuestionó las asimetrías históricas del reparto y el impacto que tienen los fondos en determinadas jurisdicciones, diferencias estructurales que complican cualquier consenso generalizado entre las provincias.
La moneda de cambio en el Congreso
El relanzamiento de la comisión ocurre en un tablero político donde el oficialismo nacional y los gobernadores juegan una partida de ajedrez legislativo día tras día.
La administración central necesita apoyos clave en ambas cámaras para aprobar los proyectos más pesados de su programa de gobierno. En ese equilibrio, los mandatarios provinciales usan su peso político y la negociación permanente como herramienta de diálogo para asegurar fondos, obras y respaldo financiero en sus territorios.
El diagnóstico técnico: un piso del 34% que casi nunca se cumplió
El primer informe técnico lo presentó Guido Zack, director de Economía del centro de investigaciones Fundar. El especialista sostuvo que la Argentina exhibe uno de los niveles de desigualdad geográfica más agudos del planeta, solo superado por Rusia y Eslovaquia.
Zack recordó que el régimen actual se apoya en una ley transitoria sancionada en 1988, cuyo plazo legal para ser renovada venció a mediados de los años noventa. Esa norma fijaba que las provincias debían percibir como piso el 34 por ciento de la recaudación tributaria nacional, un compromiso que prácticamente nunca se respetó desde finales de esa década.
El economista reclamó una articulación institucional más sólida y subrayó que discutir este sistema implica definir si una persona nacida en el territorio argentino tendrá las mismas oportunidades de progreso sin importar la provincia de origen. Hoy, esa meta está lejos de cumplirse.
Laspina y el laberinto institucional
El director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina, puso el foco en las trabas estructurales que impiden sancionar un nuevo marco normativo. A su juicio, el principal impedimento es la ausencia de criterios precisos para encarar la renegociación: treinta años de propuestas estériles sin avances concretos.
Para sortear el laberinto político y jurídico, Laspina planteó dos caminos. El primero: avanzar con la reglamentación del artículo 75 de la Constitución Nacional para establecer con claridad qué mayorías legislativas se necesitan y qué ocurre con los distritos que eventualmente no presten su adhesión.
El segundo: promover una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal determine pautas operativas ante la inacción del sistema político.
Ingresos centralizados, gasto descentralizado
El diputado nacional mendocino Lisandro Nieri vinculó la postergación de esta ley con las dificultades para encarar un ordenamiento impositivo general. El radical remarcó que el sistema vigente condiciona cualquier intento serio de alivio fiscal y genera un profundo desbalance funcional: concentración de recursos en el gobierno federal y delegación masiva del gasto social hacia las gobernaciones.
Nieri apuntó además a la falta de incentivos para desarrollar la recaudación propia en las jurisdicciones subnacionales. Y graficó la fragilidad del cuadro con un dato elocuente: hay ocho provincias en las que menos del 20 por ciento de sus ingresos totales corresponde a recursos tributarios locales.
El cierre de Salta: calidad de vida como criterio
El cierre del panel estuvo a cargo del ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, quien presentó una propuesta elaborada por su provincia basada en criterios objetivos de calidad de vida.
El funcionario norteño expuso la gravedad del atraso fiscal con una cifra contundente: de cada cien pesos recaudados en el país, el Estado nacional retiene setenta, mientras las provincias asumen cada vez más responsabilidades de salud, educación y seguridad con presupuestos asfixiados.
Frente a ese cuadro, Dib Ashur reclamó un reparto equitativo que atienda las necesidades estructurales del interior y termine con las postergaciones históricas.
