Corrieron a un organismo clave y armaron una gerencia con 4 empleados: el alarmante plan de Milei para vender las empresas del Estado

El plan de privatizaciones que impulsa el gobierno de Javier Milei avanza entre sombras, sospechas y una oposición que ya no oculta su preocupación. El plazo que la Comisión Bicameral de Reforma del Estado le dio a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para que entregue información sobre las ventas venció sin respuestas, y el malestar crece.

El pedido, firmado por todos los integrantes de la comisión y motorizado por Unión por la Patria, apunta a saber si ya se valuaron los activos de empresas como Ferrocarriles de Carga y Pasajeros, Corredores Viales, Aysa, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. La sospecha: que el Gobierno quiere liquidar el patrimonio estatal a precio de remate.

¿Por qué desconfían?

La pregunta no es casual. Poco después de lanzar el proceso, el Gobierno corrió al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), un organismo con casi cien empleados, y le encargó la tarea al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que creó una gerencia apurada que hoy tiene apenas cuatro personas.

Ese equipo fue el que puso precio a seis empresas, entre ellas Citelec, la controlante de Transener, la transportista de alta tensión clave para el sistema eléctrico argentino. Y todo el recorrido está lleno de datos que llaman la atención.

Números que no cierran

En diciembre de 2025, Economía aprobó el pliego para vender el 50% de Citelec con un precio base de US$206 millones, justificado por una tasación del BICE que nunca se publicó. Pero los balances de la empresa mostraban utilidades anuales superiores a los US$200 millones. El precio parece bajo, por decirlo suave.

La venta se adjudicó el 8 de mayo por US$356 millones a Geneia, de Jorge Brito y otros, y a Edison Energía, de los hermanos Jorge y Patricio Neuss, muy cercanos a Santiago Caputo. Hasta ahí, todo raro. Lo que vino después hizo explotar el escándalo: el 31 de agosto, el mismo día en que tomaron el control, los nuevos dueños se cobraron parte de lo que habían pagado con un reparto de dividendos acumulados que le correspondían al Estado.

“La distribución de dividendos refuerza que la tenencia estatal sobre Citelec y Transener era estratégica y le reportaba ganancias. Es decir, se refuerza que se trató de una privatización ideológica, no fiscal”, sostuvo la diputada de UP Julia Strada.

Silencio oficial

La comisión bicameral, que preside el senador libertario Pablo Cervi, recién volvió a reunirse el 12 de agosto después de un año de inactividad. Allí le dio a Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, 15 días hábiles para entregar informes. El plazo se cumplió y Chaher no respondió.

Los diputados peronistas también pidieron que declaren Julio Villamonte, presidente del TTN, y Maximiliano Voss, presidente del BICE. Villamonte, que llegó al tribunal en la gestión de Mauricio Macri, se negó a tasar las empresas públicas a mitad del año pasado. Con el asesoramiento de funcionarios del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, argumentó que el TTN solo tasa activos tangibles y no está facultado para evaluar ganancias futuras. Una postura que choca con antecedentes: el propio tribunal tasó Aerolíneas Argentinas en 2008 y YPF en 2012.

Mientras tanto, el BICE armó su gerencia de Valuación de Empresas en mayo de 2025, con participación de Martín Vauthier, Felipe Núñez y Nicolás Scioli. En julio, cuando respondió que podía hacer las tasaciones, el área tenía un solo empleado: el gerente. Para diciembre sumó tres más. Y ese equipo de cuatro fue el que le puso precio a las represas del Comahue, las acciones de Enarsa en Transener, Intercargo, el Belgrano Cargas y Aysa.

El 4 de diciembre de 2025, el directorio del BICE eliminó el control de calidad externo que se exigía para las tasaciones de las empresas a privatizar. Todo quedó en familia.