Corrupción en el MPA: la dura respuesta de Vranicich tras la detención de un exfiscal

La fiscal general de Santa Fe, Cecilia Vranicich, salió a respaldar la investigación que terminó con el exfiscal Mariano Ríos Artacho detenido, acusado de liderar una asociación ilícita que desvió más de 400 millones de pesos de cuentas judiciales.

“El Ministerio Público de la Acusación (MPA) no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional”, aseguró Vranicich tras la audiencia en la que la jueza María Trinidad Chiabrera dictó la prisión preventiva por 90 días para Ríos Artacho y otros cuatro acusados de colaborar con las maniobras.

Una investigación que destapó una red de desvíos

El exfiscal, que se desempeñaba en la unidad de Delitos Económicos, quedó en el centro de la pesquisa cuando se detectaron irregularidades en una cuenta judicial. De las 148 cuentas donde se depositan fianzas, secuestros o reparaciones a víctimas, se analizaron 48 y se acreditaron al menos doce hechos de desvío de fondos.

Según los fiscales Adirán Spelta y Carla Cerliani, las maniobras se extendieron durante siete años y el monto total del desfalco asciende a 425 millones de pesos.

“Es una investigación muy compleja que se ha llevado adelante prácticamente en menos de tres meses. Viene de la mano de una etapa de fortalecimiento y refundación que estamos viviendo en el MPA. Esto, lejos de debilitarnos, nos fortalece”, consideró Vranicich en conferencia de prensa.

La fiscal general admitió sentirse “defraudada en lo institucional” ante la posibilidad de un delito cometido por “un excompañero” del MPA. “Hemos hecho lo que corresponde. Desde el año 2023 en el que comencé a ejercer la fiscalía general, el MPA no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional”, remarcó.

La mecánica de la defraudación

De acuerdo con la acusación, el esquema consistía en transferir dinero secuestrado en cuentas judiciales a personas que no tenían relación con las causas a las que esos fondos estaban ligados. Spelta, jefe de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, explicó que las maniobras se concretaron a partir de oficios firmados por el exfiscal.

“En estos siete años se transferían los fondos depositados como fianzas o reparación de las víctimas o secuestrados en algún procedimiento. De esa manera salían de las arcas del Estado e iban a particulares. Luego iban subiendo en esta estructura piramidal hasta llegar al fiscal responsable de la causa”, detalló.

Desde 2017 hasta la actualidad, el desvío alcanzó los 425 millones de pesos. Se acreditaron 21 hechos de peculado, quince de fraudes a la administración pública y 21 falsedades ideológicas de instrumento público, indicó el fiscal.

En algunos casos, se reintegró el dinero cuando las causas estaban cerca de una etapa de revisión. “Hay un porcentaje que fue retornado. De doce causas, en nueve de ellas no hubo retorno de valores y en tres sí”, precisó Spelta.

La defensa de la ludopatía y los controles internos

Ríos Artacho fue imputado como jefe de una asociación ilícita con cuatro organizadores. Durante el trámite, declaró que incurrió en esas maniobras por padecer ludopatía. “Este tema fue abordado por la jueza. Entendió que es una enfermedad reconocida y que debe ser considerada al momento de evaluar una futura pena, pero que de ninguna manera la va a bajar el reproche que se les tiene que hacer a las personas intervinientes”, evaluó Spelta.

Consultada sobre posibles fallas en los controles internos, Vranicich citó lo dicho por la jueza: “Las leyes de ética profesional de la administración pública requieren de quienes concursaron para el cargo conductas de buena fe y transparencia”.

Spelta, en tanto, señaló que fueron los propios colegas de Ríos Artacho quienes detectaron las maniobras cuando debían plasmar su firma en los oficios. “Ellos fueron los primeros engañados. Luego el Banco Municipal, luego el resto de la sociedad”, concluyó.