Cortaron la Ruta 6 para pedir comida: la Justicia tomó una decisión que nadie esperaba

La Justicia de Río Negro sobreseyó a siete referentes sociales y sindicales que estaban imputados por el corte de la Ruta Provincial 6 en el puente de Paso Córdoba, una protesta por asistencia alimentaria que se realizó en mayo de 2024. La resolución declaró extinguida la acción penal y puso punto final al expediente.

La causa había sido abierta por el delito de impedimento y entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra. Los siete referentes estaban acusados en carácter de coautores.

El reclamo que terminó en la Justicia

El corte se produjo el 22 de mayo de 2024, cuando organizaciones sociales reclamaban una reunión con el ministro de Desarrollo Humano de Río Negro, Juan Pablo Muena. Según consta en el fallo, los manifestantes permanecieron en inmediaciones del puente de Paso Córdoba entre las 10:30 y las 16:30, con cortes intermitentes que complicaron la circulación.

La investigación sostenía que la medida impedía el paso de vehículos de transporte, de personal vinculado a la actividad petrolera, de particulares y de vehículos comerciales.

Qué pasó con los imputados

En noviembre de 2024, los siete referentes habían accedido a una suspensión de juicio a prueba por un año y seis meses. Entre las reglas de conducta se les exigía mantener domicilio, presentarse periódicamente ante la Oficina Judicial, no cometer nuevos delitos, realizar un aporte económico o en mercadería y no participar de manifestaciones que perjudicaran el normal funcionamiento del transporte terrestre.

Cumplido ese plazo, la Fiscalía pidió que se extinguiera la acción penal. La jueza de Garantías hizo lugar al pedido tras verificar que los imputados habían abonado las reparaciones económicas ofrecidas y habían cumplido con las reglas de conducta. Así dictó el sobreseimiento de los siete referentes.

La protesta por alimentos que originó todo

La marcha había sido protagonizada por organizaciones sociales que reclamaban asistencia alimentaria para comedores y merenderos de distintos barrios. Desde la UTEP y la Federación Nacional Territorial denunciaban que la ayuda no llegaba y decidieron bloquear la Ruta 6 como medida de presión. La Justicia inició la investigación de oficio por la obstrucción de la vía.

Desde el Gobierno provincial, el ministro Muena había cuestionado la protesta y sostenido que afectaba la actividad económica y los derechos de quienes necesitaban circular. El Ejecutivo también planteó que buscaba asistir directamente a las familias y no a través de las organizaciones sociales.

Tras conocerse el fallo, desde la UTEP celebraron el cierre de la causa y calificaron el proceso como una “criminalización” de una protesta por alimentos. “Después de un largo proceso, la Justicia dictó el sobreseimiento definitivo de quienes fuimos imputados por participar de una jornada de protesta social en el Puente de Paso Córdoba reclamando alimentos para los espacios socio-comunitarios”, expresaron.

Los referentes señalaron además que el reclamo original sigue sin respuesta para las organizaciones que sostienen los merenderos y comedores. Según explicaron, la Provincia implementó la entrega de tarjetas individuales con un cupo de hasta $50.000, pero no otorgó aportes directamente a las organizaciones para el funcionamiento de esos espacios.