Cortaron la ruta por una escuela que nunca llegó: 18 detenidos y un pueblo que ya no duerme

La tensión en el extremo oeste de Formosa sigue al rojo vivo. Dieciocho integrantes de comunidades originarias de Tres Palmas y Nueva Misión permanecen detenidos desde hace más de diez días tras un operativo de desalojo en la ruta, en el departamento Ramón Lista. El conflicto expone una trama de reclamos históricos, promesas oficiales incumplidas y un creciente clima de inseguridad jurídica en el interior provincial.

El detonante de la protesta, según vecinos y referentes locales, fue la falta de infraestructura educativa para los chicos del departamento. La medida de fuerza —el corte de la ruta— habría sido la última instancia ante el silencio de las autoridades del área de Educación.

La promesa que nunca se cumplió

En diálogo radial, Abelino Tejada, vecino y dirigente originario de El Potrillo, explicó el origen del conflicto. «Acá en la zona de Ramón Lista nosotros vemos que siempre pasan cosas que no tendrían que pasar. Venimos sufriendo desde hace años por la falta de respuesta de las autoridades que conducen», señaló.

Según detalló, el delegado zonal de Educación se comprometió el año pasado a crear un anexo escolar para la comunidad de Tres Palmas y las comunidades aledañas, que cuenta con 75 alumnos. «Al comenzar este año los hermanos wichís preguntaron pero no había respuestas, hasta que se hizo el corte de ruta», relató Tejada. El dirigente apuntó que el funcionario actuó sin garantizar la designación de cargos ni los recursos para sostener el establecimiento.

Miedo en los asentamientos

El despliegue policial posterior al reclamo afectó la vida cotidiana de las familias. «Muchos familiares hoy no se encuentran en sus casas por miedo. A cada momento vienen más policías y se turnan para custodiar el lugar donde levantaron a las personas que hoy están detenidas», expresó Tejada.

El dirigente cuestionó la desproporción de los medios usados durante el desalojo de la calzada y la versión presentada ante la Justicia. «Nosotros en ningún momento reaccionamos violentamente cuando hacemos un reclamo justo. Ellos vinieron con semejantes escudos y armas de fuego, mientras que la gente no carga armas. Le mienten a la justicia y los jueces le creen a lo que escriben los auxiliares policiales», aseveró.

El pedido de diálogo directo

Tejada reclamó un canal de comunicación transparente entre el Poder Judicial y los habitantes del territorio, sin intermediación de informes sumarios. «Si el juez quiere comprobar la realidad tiene que escuchar a cada uno de nosotros. Vamos a expresarnos claramente para que se entienda, pero es importante que vengan y hagan un diálogo directo con los pobladores indígenas», propuso.

La detención de los 18 comuneros, que se extiende por más de diez días, reabrió el debate sobre el tratamiento de la protesta en zonas vulnerables y el cumplimiento de las garantías básicas para las poblaciones originarias. Tejada pidió la revisión judicial de las actuaciones y el cese de las detenciones. «Si la justicia actúa con transparencia tiene que haber una solución inmediata para los presos y los tienen que liberar. El problema original es la falta de respuesta del delegado zonal de Educación, ese es el verdadero origen de todo esto», finalizó.