Cortó la Nación, pero 13 provincias pusieron el dinero: La Pampa, entre las que sostienen el aborto legal

El informe anual del colectivo Proyecto Mirar confirmó que en 2025 se realizaron 87.603 abortos en el sector público, en 20 provincias, una cifra que se mantuvo estable pese a la decisión del Gobierno nacional de reducir un 57% el presupuesto del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable entre 2023 y 2026.

El relevamiento, realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en alianza con Ibis Reproductive Health, se basa en pedidos de acceso a la información pública. Se recibieron respuestas de 16 jurisdicciones y de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, con datos parciales de algunas provincias.

La Pampa, entre las que resisten

Frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de insumos, trece provincias sostuvieron el acceso al aborto con presupuesto propio: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

La médica epidemióloga e investigadora del CEDES y CONICET, Mariana Romero, explicó: “Que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público, en 20 provincias argentinas, similar a lo observado el año anterior es un buen indicador”. Y agregó: “Frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de mifepristona y misoprostol, el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio”.

Cifras que se mantienen

La tasa de aborto (cantidad de abortos por 1000 mujeres de 15 a 49 años) se mantiene prácticamente igual a la registrada en 2023: 7,45 en 2025 frente a 7,49 en 2023. Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentran los mayores números absolutos (41.446, 9.341 y 9.458, respectivamente), sumando un 72% del total de IVE ILE informadas, en consonancia con el 53% de la población de mujeres en edad fértil del país en esas tres jurisdicciones.

En cuanto a la disponibilidad de establecimientos, hay 1.846 efectores de salud que garantizan las interrupciones voluntarias (IVE) y legales (ILE), un número que también se mantuvo sin cambios significativos comparando con 2023 (1.862). El 70% de los efectores son del primer nivel de atención, lo que facilita el acceso y, junto a la consulta temprana, explica que 9 de cada 10 abortos se realicen dentro de las 12 semanas de gestación.

El impacto del desfinanciamiento

El informe da cuenta de la caída del gasto del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, entre 2023 y 2026, en torno al 57%. La reducción de compras de anticonceptivos impactó en la cobertura: de más de 1,2 millones de personas cubiertas en 2024 a apenas 63 mil para 2026, una disminución del 93%.

Según las estimaciones realizadas, cada peso invertido en anticoncepción en la Argentina genera ahorros equivalentes a tres pesos en atención médica. Y cuando se consideran los efectos en educación, empleo, productividad y recaudación fiscal, el retorno total asciende a veinte veces el valor de la inversión.

Mortalidad materna y natalidad

El reporte también abordó dos temas de fuerte visibilización en la agenda de la salud sexual y reproductiva. La razón de mortalidad materna aumentó 37% en 2024 respecto de 2023, aunque lo grave es el amesetamiento de la tendencia en la última década. Sin embargo, las muertes maternas por aborto se redujeron a la mitad en el período posterior a la sanción de la Ley 27.610, respecto del trienio previo.

En la última década, la fecundidad y la natalidad descendieron en el país, con una caída del 69% en la fecundidad de niñas de 10 a 14 años y del 70% en la franja de 15 a 19 años.

Panorama jurídico y otros datos

El período 2025-2026 muestra estabilidad del marco jurídico vigente y escasos cambios legislativos. Se presentaron 75 proyectos, una cantidad menor buscó limitar la aplicación de la Ley 27.610 en Buenos Aires y Santa Fe, pero ninguno obtuvo dictamen ni tratamiento en el recinto. Desde la aprobación de la ley en 2020, se iniciaron 38 causas judiciales en contra, de las cuales 35 fueron rechazadas y 3 permanecen en trámite ante la Corte Suprema.

La abogada e investigadora del CEDES, Agustina Ramón Michel, señaló: “Si bien no hubo cambios legislativos sustantivos, la disputa política y normativa siguió siendo intensa debido a que representantes y aliados del oficialismo impulsaron otras discusiones que afectaron la agenda de género y los derechos de las mujeres, como la discusión sobre falsas denuncias, educación sexual (ESI), o el proyecto legislativo para regular el lobby, impulsado por el Poder Ejecutivo”.

Nueve provincias reportaron el tipo de procedimiento utilizado: la mayoría de los abortos se realiza con medicamentos; la aspiración manual endouterina (AMEU) sigue siendo una opción de uso infrecuente. Seis jurisdicciones disponen de un número telefónico gratuito, WhatsApp o correo electrónico dedicado a la provisión de información sobre IVE ILE. El 0800 SaludSexual del Ministerio de Salud de la Nación indica que las consultas por IVE ILE representan el 94% del total de llamadas, y la mayoría fueron realizadas para reportar barreras en el acceso a los servicios.

La socióloga e investigadora del CEDES, Silvina Ramos, expresó: “A pesar de las enormes dificultades para la agenda de género y derechos sexuales y reproductivos en el actual contexto en nuestro país, particularmente la decisión del gobierno nacional de desentenderse de esta política pública, la misma ha encontrado respaldo en muchas provincias, pasados cinco años de sancionada la Ley 27.610”. Y agregó: “Es contundente el apoyo de la mayoría de nuestra sociedad a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, un consenso respecto a no dar marcha atrás con la legalidad de la práctica: los indicadores cuantitativos muestran que la cantidad de interrupciones no ha descendido, el número de establecimientos que realizan abortos se ha mantenido, un alto porcentaje de intervenciones se realiza dentro de las 12 semanas de gestación, y las iniciativas legislativas y judiciales dirigidas a restringir, cuestionar o derogar la ley no han prosperado. El reto de sostener la política pública es muy alto pero muestra resultados positivos”.