Cotorruelo asume y anticipa una ola de demandas contra la reforma previsional

El próximo viernes, a las 18, Rafael Martín Cotorruelo tomará formalmente el mando de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos. El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná reemplazará a Alejandro Joel Cánepa, quien cierra su segundo mandato consecutivo. Pero el nuevo presidente no llega en un momento tranquilo: la reforma previsional ya aprobada en la provincia promete encender la mecha judicial.

Cotorruelo, con seis años de militancia en la entidad, asume por primera vez la titularidad. “Ahora me toca asumir un cargo de mayor visibilidad”, confesó en Radio Plaza 94.7, en el programa Puro Cuento. Y no es para menos: el dirigente ya vislumbra un escenario de conflicto por la nueva ley.

¿Por qué la reforma preocupa a los jueces?

El flamante presidente recuerda que la Asociación participó activamente en el debate legislativo, pero ahora la discusión se traslada a los estrados. “La reforma en estos términos va a afectar derechos, ya sea de jubilados o de futuros jubilados”, advierte. Y si esa afectación no se hace “de la manera más razonable y equitativa posible”, augura problemas de constitucionalidad.

Uno de los puntos más sensibles es el desenganche salarial. Hasta ahora, los magistrados ajustaban sus sueldos según una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con la nueva ley, ese mecanismo se elimina y los haberes se ajustarán según el estamento docente, el más numeroso. “El perjuicio no va a ser inmediato, pero con el transcurrir el tiempo sí se va a notar”, sentencia Cotorruelo.

¿Qué se logró cambiar en la discusión?

No todo fue malo. El dirigente reconoce que algunos planteos fueron escuchados. Por ejemplo, el descuento por emergencia previsional se redujo del 8% al 3% para salarios superiores a los 3.000.000 de pesos. También se limitó la duración de la emergencia, aunque la entidad insiste en que “no existe sustrato fáctico” para declararla.

Otro logro fue eliminar la cláusula que consideraba “causa grave” cualquier decisión judicial que afectara la sustentabilidad del sistema. “Era prácticamente una amenaza al Poder Judicial”, sostiene Cotorruelo, y celebra que se haya quitado.

Pero el conflicto está lejos de terminar. El nuevo esquema de actualización salarial, que unifica a más de 90 estamentos en una sola canasta, generará “muchas diferencias salariales”. Para el dirigente, eso es caldo de cultivo para “agravios y acciones judiciales”.

¿Qué hará la Asociación ante las demandas?

Con la ley a punto de implementarse, la gestión de Cotorruelo ya se prepara. La entidad contrató especialistas para asesorar a los asociados que quieran impugnar la norma. “La primera reunión de la semana que viene tendrá como ruta central definir los servicios a ofrecer”, adelanta.

Además, la Asociación pondrá a disposición un servicio de asesoramiento gratuito para activos y pasivos. “Cada uno resolverá cómo actuar”, dice, dejando la puerta abierta a una judicialización masiva.

Más allá de la coyuntura, Cotorruelo quiere mantener el nivel de servicios que, asegura, está “por encima de la media” de otras provincias. Pero no ignora la realidad: la caída del poder adquisitivo también golpea a los magistrados.