Crean una mesa especial para proteger del narcotráfico a las inversiones del RIGI: qué se sabe

El Gobierno dispuso la creación de una mesa de coordinación para la seguridad de proyectos bajo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada. La medida busca resguardar proyectos estratégicos y sus áreas de influencia.

La Resolución 461/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advierte que las inversiones dentro del RIGI, así como las zonas adyacentes, pueden convertirse en objetivos de interés para organizaciones criminales transnacionales o estructuras delictivas complejas.

El documento señala que estas organizaciones podrían aprovechar los emprendimientos para captar rentas ilícitas, encubrir y reciclar flujos financieros ilegales, proveer bienes y servicios ilícitos, o explotar vulnerabilidades en los sistemas de control, trazabilidad, logística, seguridad y supervisión estatal.

¿Qué riesgos específicos se buscan mitigar?

La resolución alerta sobre prácticas como el lavado de activos, la corrupción pública y privada, la extorsión, la infiltración criminal en actividades económicas lícitas y otras manifestaciones de criminalidad organizada. Estas podrían impactar negativamente la integridad, continuidad y seguridad de los proyectos, así como la seguridad económica, institucional y social del Estado.

El texto destaca que el volumen de inversiones, su distribución geográfica y su carácter estratégico refuerzan la necesidad de mecanismos específicos de coordinación interinstitucional y prevención temprana, orientados a resguardar la integridad de los proyectos, la infraestructura crítica y los intereses estratégicos del Estado Nacional y las provincias adheridas.

Además, se subraya la necesidad de un enfoque preventivo, integral y coordinado desde las etapas iniciales de planificación y ejecución, para identificar, mitigar y reducir los riesgos asociados a la criminalidad organizada. Esto incluye proteger a las empresas, sus trabajadores, activos e infraestructuras, así como las cadenas logísticas vinculadas.

La resolución también menciona que, en contextos de grandes proyectos de inversión, la dinámica poblacional, laboral y urbana puede generar escenarios de vulnerabilidad social que requieren abordajes preventivos integrales, incorporando estrategias de sensibilización, prevención, asistencia y fortalecimiento comunitario.

Finalmente, se define a esta mesa como una herramienta de acompañamiento para fortalecer la seguridad jurídica, reducir riesgos operativos y aportar certeza respecto de la continuidad de las operaciones, sin imponer cargas económicas ni burocráticas adicionales para las empresas.