Crece el malestar en el campo: la nueva resolución del Senasa que pone en jaque el sistema de vacunación contra la aftosa

Las entidades rurales del sudeste bonaerense lanzaron una advertencia contundente: la decisión del Senasa de permitir veterinarios privados para vacunar contra la aftosa podría desmantelar décadas de control sanitario y abrir la puerta a un fracaso.

Las Sociedades Rurales de la región volvieron a cargar contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La norma, que entraría en vigencia el próximo año, autoriza a los productores ganaderos a elegir libremente un veterinario privado para vacunar contra la fiebre aftosa y la brucelosis, en lugar de hacerlo a través de los entes sanitarios tradicionales.

¿Por qué rechazan la medida?

Según las entidades, el Senasa ignoró el documento presentado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), donde ya se cuestionaban los alcances de la normativa. En un comunicado, las rurales recordaron que las fundaciones y entes sanitarios fueron clave para que la Argentina obtuviera el estatus de “país libre de fiebre aftosa con vacunación”, lo que permitió acceder a mercados internacionales.

“La nueva resolución atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el Senasa”, afirmaron. Consideran que la vacunación debe ser coordinada para garantizar cobertura uniforme en todos los rodeos, y que la medida rompe el principio de solidaridad entre productores, ya que hasta ahora todos afrontaban el mismo costo sin importar la cantidad de animales.

Riesgos para el control sanitario

Las entidades advirtieron que la contratación individual de veterinarios privados dificultaría las auditorías del Senasa, complicaría la supervisión de las campañas y podría afectar el control de la cadena de frío de las vacunas, esencial para su eficacia. Además, señalaron que la incertidumbre económica golpeará a las fundaciones y entes de vacunación: al no saber cuántos productores seguirán usando sus servicios, no podrán elaborar presupuestos confiables, poniendo en riesgo su continuidad.

“Nos preguntamos: en adelante, ¿quién se hará cargo de garantizar la vacunación de la totalidad de los bovinos?”, expresaron en el documento, alertando que la resolución podría desmantelar un sistema que fue determinante para erradicar la aftosa tras la crisis de 1999.

Propuestas y ultimátum

Frente a este escenario, las Sociedades Rurales del sudeste bonaerense solicitaron al Senasa que revea la medida y plantearon propuestas: ajustarse a la Ley 24.305, reconsiderar la Resolución 368/2011 (que ya contemplaba veterinarios privados dentro del esquema organizado) e impulsar un control conjunto entre el Estado y los privados. También pidieron que cualquier modificación futura sea consensuada con productores y entes sanitarios.

Finalmente, lanzaron una advertencia: si la Resolución 201/2026 entra en vigencia sin cambios, deslindarán cualquier responsabilidad ante un eventual fracaso sanitario.