Crimen de Uriel Ríos: los imputados se negaron a hablar y ahora podrían dejar la cárcel

La causa por la muerte de Uriel Ríos entró en una fase tan reservada como decisiva. Los dos jóvenes oriundos de Chimbas imputados por el homicidio se negaron a declarar ante la jueza y en los próximos días podrían abandonar el Instituto Nazario Benavídez para cumplir prisión domiciliaria, en un expediente que la Justicia blindó con un pacto de confidencialidad.

Ambos fueron imputados de manera provisoria por homicidio en riña, una figura que contempla una pelea con varios participantes donde no se logra determinar quién causó la lesión mortal. Esa calificación, sin embargo, podría cambiar si la instrucción avanza hacia otra hipótesis: que Uriel fue atacado por una sola persona.

La diferencia no es menor. Si se individualiza a un único agresor, la imputación podría agravarse y la situación procesal de los adolescentes daría un giro sustancial.

Silencio ante la jueza

En las primeras actuaciones judiciales, los dos imputados comparecieron ante la jueza María Julia Camus. Por recomendación de sus defensores, Filomena Noriega y Darío Amaya, decidieron abstenerse de declarar. Hasta ahora no ofrecieron su versión de los hechos ni explicaciones públicas sobre su participación.

Guardar silencio es una facultad de los imputados y no implica, por sí mismo, un reconocimiento de responsabilidad. Pero deja abierto uno de los puntos centrales del expediente: qué pasó durante la agresión, cuál fue el grado de intervención de cada uno y si hubo una participación conjunta o si uno de ellos fue el responsable directo de la lesión que terminó con la vida de Uriel.

La respuesta a esos interrogantes definirá si se mantiene la imputación provisoria por homicidio en riña o si corresponde avanzar hacia una calificación más grave.

El pacto que silenció el expediente

Como los dos imputados son menores de edad, el ámbito judicial mantiene una fuerte resistencia a brindar detalles sobre las actuaciones, las pruebas incorporadas y las circunstancias del hecho. En ese marco, la jueza Camus dispuso que las partes firmaran un pacto de confidencialidad para evitar la divulgación de información vinculada a la causa.El acuerdo alcanza a los abogados defensores de los adolescentes, a la asesora de menores y a la fiscal interviniente, y establece un marco de reserva para todos los que participan del proceso. Eso explica las dificultades para conocer con precisión algunos detalles de la investigación, a diferencia de otros procesos penales donde las partes pueden informar sobre audiencias e imputaciones.

La reserva, de todos modos, no cambia el objetivo central de la instrucción: esclarecer las circunstancias de la muerte de Uriel, establecer quién o quiénes participaron de la agresión y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

La domiciliaria, el próximo movimiento

La eventual salida de los adolescentes del Instituto Nazario Benavídez es uno de los próximos movimientos relevantes del expediente. Según pudo saber este diario, ambos podrían acceder a la prisión domiciliaria en los próximos días, una medida que modificaría las condiciones en las que hoy permanecen alojados.

Por el momento no trascendieron precisiones sobre las condiciones de esa eventual medida ni sobre los domicilios donde podrían cumplirla. Tampoco se informó oficialmente si la decisión ya fue adoptada o si todavía resta resolver aspectos vinculados con su implementación.

El caso transita así una etapa en la que conviven tres cuestiones centrales: dos adolescentes imputados que eligieron no declarar, un acuerdo de confidencialidad que restringe la información pública y la posibilidad de que dejen el instituto para continuar el proceso desde sus viviendas.

Mientras tanto, el avance de las pruebas será determinante para establecer qué ocurrió y si la responsabilidad por el homicidio puede atribuirse a uno de los jóvenes en particular o si se mantiene la hipótesis de una agresión en la que participaron ambos. Esa definición podría tener consecuencias directas sobre la calificación legal y el futuro procesal de los adolescentes.