Crisis sanitaria en San Luis: el gremio denuncia que el dinero existe pero no llega a los hospitales

El sistema de salud de San Luis está en el centro de la tormenta. Mientras el gobernador Claudio Poggi alinea su discurso con el ajuste nacional, los trabajadores del sector denuncian una fuga de profesionales, salarios congelados y un decreto que, según ellos, se usa como excusa para no invertir. La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), Miriam Porter, fue contundente: “El dinero está, pero no para la salud”.

El conflicto, que ya lleva dos años, tiene tres frentes: la pérdida de poder adquisitivo, las recategorizaciones trabadas y un creciente malestar por la violencia laboral. Los reclamos, hasta ahora, no encuentran respuestas concretas del Ministerio de Salud provincial.

Salarios congelados y una inflación que no perdona

Porter explicó que el punto más crítico se vivió durante los picos inflacionarios del verano de 2024. “Cuando fueron los picos inflacionarios, en diciembre, enero, febrero, marzo, nosotros estuvimos totalmente congelados. Nuestro salario no tuvo ningún tipo de incremento, menos acompañando la inflación de esos meses. Fue terrible”, relató.

Además, denunció que el salario se desdobló en diciembre de 2023 y enero de 2024, y que el congelamiento se extendió por cinco o seis meses. “Hasta aproximadamente mediados del 2024 se comenzó a dar algún tipo de aumento, acompañando la inflación en algunos casos. Pero no hemos podido recomponer ese salario perdido, y la pérdida del poder adquisitivo es altísima”, remarcó.

Sobre los aumentos actuales, la dirigente fue crítica: “Nos van dando algún tipo de aumento, a veces en dos cuotas, en tres o en cuatro, como en el caso de este último del 20 por ciento, que se está dando en cuatro cuotas del 5 por ciento mensual, aduciendo que están por encima del índice inflacionario, pero olvidando que nosotros tenemos un desfasaje que todavía no se alcanza a cubrir”.

Recategorizaciones que no salen y violencia laboral

Otro de los reclamos sin respuesta es el de las recategorizaciones. Porter señaló que hay técnicos con título de licenciado que cobran como técnicos: “Su matrícula es de licenciado, su trabajo es como licenciado, pero su salario es de técnico. No están haciendo lugar a los pedidos que hemos hecho”. La situación también alcanza a odontólogos y bioquímicos, cuyas recategorizaciones fueron solicitadas “por las incumbencias y las competencias” sin obtener respuesta.

La justificación oficial, según el gremio, se apoya en el Decreto Provincial N° 150-SGG-2023, que declaró la emergencia pública en varios frentes. “Todo se basa en ese decreto que dice que no se tiene dinero. Cuando nosotros estamos viendo que el dinero está, pero está para otras cuestiones, evidentemente no para la salud”, cuestionó.

Consultada sobre las denuncias de persecución y hostigamiento en hospitales y centros de salud, Porter confirmó que el gremio interviene de manera activa: “Estamos trabajando fuertemente sobre el tema de violencia laboral. Estamos haciendo presencia en distintos lugares donde acontece algún hecho que pueda ser encuadrado dentro de este marco”. Y describió el vínculo con las autoridades: “Lo que se está viendo de parte de las autoridades es la exigencia de un montón de cuestiones. Siempre decimos que traten de tener un poco de consideración, porque se la pasan exigiendo y realmente no hay del otro lado el beneficio”.

Fuga de profesionales: un problema que se agrava

El tercer eje del conflicto es la pérdida de recursos humanos. Porter advirtió que el fenómeno tiene una particularidad que agrava sus consecuencias: buena parte de los profesionales que se van no migran al sector privado local, sino que abandonan la provincia. “La mayoría vino de otros lugares, y al mejorar un poco la condición en su lugar de residencia original, directamente se vuelve. Entonces no solamente lo estamos perdiendo de la parte pública, sino que lo estamos perdiendo directamente del territorio provincial”, explicó, y calificó el cuadro como “un tema alarmante” cuyas consecuencias “a largo plazo se van a ver”.

En ese marco, cuestionó el eje que eligió el Ministerio para mostrar gestión. “El Ministerio de Salud está poniendo énfasis en infraestructura y aparatología, pero no completa el tema de insumos, que todavía nos está faltando, ni el tema del trabajador”, señaló. El señalamiento coincide con el perfil de los anuncios oficiales recientes: en junio el gobernador Claudio Poggi firmó decretos de licitación por más de $723 millones destinados a equipamiento para el Hospital Pediátrico San Luis, el Policlínico “Juan Domingo Perón” y el nuevo Hospital “René Favaloro”.

“Todas las políticas sanitarias nacen en un despacho y van hacia los efectores, que son quienes brindan la calidad de atención que necesita la ciudadanía. Si seguimos ignorando al trabajador de la salud, todas esas políticas van a quedar vacías”, sintetizó.

Ley de Tierras: el Senado define con San Luis en el centro

Mientras tanto, el Senado se prepara para una sesión clave por la Ley de Tierras. Tras la caída de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, La Libertad Avanza (LLA) decidió retirar el capítulo 3 para conseguir el apoyo de los bloques aliados. San Luis llega con sus tres bancas divididas: dos para LLA (Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta) y una para el peronismo (Fernando Salino). Abdala, además, presidirá la sesión, lo que lo convierte en un actor decisivo en caso de empate. Salino ya adelantó su voto en contra, defendiendo la soberanía nacional sobre los recursos estratégicos.