Cristina Kirchner busca en la ONU lo que no consiguió en la Argentina
¿Podrá la ONU cambiar el destino judicial de Cristina Kirchner? La expresidenta apuesta al Comité de Derechos Humanos tras el cierre de todas las instancias nacionales.
La expresidenta Cristina Kirchner decidió internacionalizar el caso Vialidad tras el rechazo de la Corte Suprema a su última queja, que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Ahora, su defensa apuesta al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para revertir la situación.
¿Qué medidas presentará la defensa?
El equipo legal, encabezado por Carlos Beraldi, anunció que planteará ante la ONU tres medidas cautelares y una presentación de fondo. Buscan dejar sin efecto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, modificar las condiciones de la prisión domiciliaria y hasta cambiar la composición de la Corte Suprema.
¿Hay antecedentes que favorezcan a Cristina?
Beraldi citó el artículo 366 inciso F del nuevo Código Procesal Penal, que permite la revisión de una sentencia firme si un organismo internacional emite un fallo favorable. Según el abogado, el agotamiento de las instancias nacionales "permite ahora que la condena sea discutida en el orden internacional".
Sin embargo, no todo es claro. Las decisiones del Comité de Derechos Humanos son consideradas vinculantes por la defensa, pero la Corte Suprema nunca lo reconoció explícitamente. En cambio, sí admitió la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque los plazos para recurrir a esa vía ya estarían vencidos.
El antecedente Lula
Los abogados de la exmandataria compararon su caso con el del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien también recurrió al Comité de la ONU y obtuvo una decisión favorable. Pero en ese momento, la sentencia en su contra ya había sido anulada por la justicia de Brasil, lo que relativiza el valor del antecedente.
¿Y el indulto?
Fuera del plano judicial, Cristina Kirchner aún podría recurrir al indulto presidencial, una herramienta constitucional que dejaría sin efecto su condena. Pero esa decisión tendría un alto costo político, tanto para el gobierno que lo otorgue como para la propia expresidenta.
