Cristina y Máximo Kirchner ya saben cuándo se sentarán ante los jueces: las fechas que fijó la Justicia

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 puso fecha al banquillo de los acusados para Cristina Kirchner y su hijo Máximo. La Justicia resolvió separar en dos juicios las causas Los Sauces y Hotesur, que investigan a la exmandataria por presunto lavado de activos con fondos de empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo.

El tribunal, integrado por Adriana Palliotti, José Antonio Michilini y Fernando Machado Pelloni, fijó el arranque del debate de Los Sauces para el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10. Hotesur, en cambio, se juzgará por separado desde el viernes 19 de marzo de 2027. Además, habilitó los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria de enero para las audiencias de Los Sauces.

Por qué se dividen los juicios

Los jueces argumentaron que, pese al marco histórico común, cada expediente tiene un objeto procesal distinto. En Hotesur se investiga el circuito de fondos de Báez hacia los hoteles familiares a través de Valle Mitre. En Los Sauces, en cambio, se suman también pagos del Grupo Indalo por alquileres de inmuebles.

El tribunal advirtió que un juicio conjunto, con casi 200 testigos por expediente, podría extenderse más de dos años. Para justificar la separación invocó el artículo 43 del Código Procesal Penal, que impide acumular causas cuando eso implica un retraso grave para alguna de ellas. También pesó que Los Sauces tiene un grado de avance procesal mayor y que los tres jueces integran distintos tribunales orales federales y deben compatibilizar agendas con otros juicios en curso.

Como antecedentes, el TOF5 citó el desdoblamiento que el TOF1 hizo entre los tramos de Plan Cóndor y Automotores Orletti, y el que el propio TOF5 aplicó en la causa Sueños Compartidos.

Qué se investiga en Hotesur

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostienen que una parte de los fondos de la obra pública vial adjudicada irregularmente a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz —investigada en la causa Vialidad— se habría canalizado a través de la explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. Esos establecimientos habrían pasado al patrimonio de la familia Kirchner y luego se alquilaban a Valle Mitre, una sociedad vinculada al empresario.

Según el requerimiento de elevación a juicio, Valle Mitre le pagó a Hotesur SA más de $28 millones y otros $6,9 millones por Las Dunas entre marzo de 2010 y mayo de 2013. Los accionistas habrían retirado esos fondos bajo la forma de créditos en lugar de dividendos. Los hechos fueron calificados como lavado de activos, con el agravante de organización destinada a la comisión continuada del delito para algunos de los imputados.

El tribunal recordó que Florencia Kirchner fue sobreseída en esta causa por decisión firme del 26 de noviembre de 2021. Sí está imputado Máximo Kirchner, hoy diputado nacional.

El objeto más amplio de Los Sauces

La causa Los Sauces abarca más: además de los fondos del Grupo Báez, la acusación identifica una segunda fuente de dinero en empresas del Grupo Indalo, que habrían pagado a la sociedad Los Sauces SA —constituida en noviembre de 2006— a cambio de beneficios, contratos, concesiones, licencias y ventajas impositivas.

Según el requerimiento fiscal, entre 2009 y 2016 Los Sauces facturó a esas empresas casi 26 millones de pesos en concepto de alquileres, una cifra que representaba cerca del 88% de su facturación total. Muchas veces se trataba de contratos sobre propiedades que no resultaban necesarias para la actividad de las locatarias o con valores por encima del mercado. Los fiscales sostienen también que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y usaron gratuitamente algunos de los inmuebles. La imputación se investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita, además del lavado de activos.

Como paso previo al inicio del debate, el tribunal ordenó actualizar la información personal, laboral y de antecedentes de los imputados: pidió a los poderes del Estado que informen los cargos públicos que ocupan o hayan ocupado, requirió un informe socioambiental a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, y solicitó a la Dirección Nacional de Reincidencia y a la Policía Federal los antecedentes penales de cada uno.