Cristina y Máximo movieron hoteles y terrenos en Santa Cruz: qué dicen sus abogados

Los abogados de Cristina y Máximo Kirchner entregaron un documento con su versión sobre Hotesur y Los Sauces. Hablan de los hoteles, los terrenos en Santa Cruz y un peritaje que marcaría la cancha.

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Cristina y Máximo movieron hoteles y terrenos en Santa Cruz: qué dicen sus abogados
Cristina y Máximo movieron hoteles y terrenos en Santa Cruz: qué dicen sus abogados

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner puso por escrito su versión sobre las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., las firmas familiares que la Justicia investiga por operaciones hoteleras e inmobiliarias. El documento, entregado al periodista Horacio Verbitsky y difundido este lunes 26 de octubre por la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que las empresas funcionaron como cualquier otra compañía comercial.

El expediente tiene un anclaje directo en Santa Cruz: los hoteles, los terrenos y los contratos bajo análisis están en la provincia. Entre los inmuebles que aparecen en la documentación judicial figuran propiedades en El Calafate y Río Gallegos, además de la hostería La Aldea del Chaltén y el hotel Alto Calafate.

Qué argumentan los abogados

El equipo que encabeza Alberto Beraldi afirmó que Hotesur y Los Sauces son sociedades comerciales de la familia dedicadas a comprar y alquilar propiedades. Según el planteo, están registradas ante los organismos que corresponden y cuentan con balances, libros societarios y declaraciones impositivas.

Sobre los inmuebles incorporados a las empresas, la defensa aseguró que se adquirieron con fondos lícitos y que el patrimonio fue declarado ante los organismos de control. También calificó como genuinos los contratos de alquiler que se investigan y remarcó que las propiedades arrendadas fueron efectivamente usadas por sus inquilinos.

Respecto de los hoteles, la postura defensiva es que la familia Kirchner no los explotaba de manera directa: percibía un canon por arrendarlos. La defensa sumó que existe un peritaje que ubicaría los valores de alquiler dentro de los precios de mercado.

Los abogados también sostuvieron que los pagos fueron facturados, cursados por el sistema bancario y sometidos a los impuestos y retenciones que corresponden. Con esos argumentos rechazaron que las operaciones hayan constituido lavado de activos o negociaciones incompatibles.

Qué sostiene la acusación

La posición de los abogados choca con la hipótesis de la acusación fiscal, que investiga si las operaciones hoteleras e inmobiliarias sirvieron para canalizar y disimular fondos de presunto origen ilícito. En el expediente Hotesur, el análisis se concentra, entre otros puntos, en los pagos vinculados a la administración y explotación de establecimientos como Alto Calafate.

En Los Sauces, la investigación abarca contratos de alquiler de inmuebles de la sociedad familiar con empresas relacionadas con Lázaro Báez y con el Grupo Indalo, vinculado a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Para la Fiscalía, esas relaciones comerciales habrían integrado un mecanismo de transferencia de fondos; la defensa rechaza esa interpretación.

El juicio ya empezó

El debate oral arrancó el 23 de octubre ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5. En esa primera audiencia se inició la lectura del requerimiento de elevación a juicio correspondiente a Los Sauces, y el tribunal informó que el proceso seguirá con nuevas audiencias.

La dimensión santacruceña del caso está dada por los hoteles, los terrenos y las operaciones comerciales bajo análisis, además del vínculo de los expedientes con empresas que desarrollaron actividades en la provincia. El hotel Alto Calafate y las propiedades ligadas a Los Sauces integran una trama patrimonial que la Justicia busca esclarecer.

La defensa insiste en que los negocios fueron legítimos y que los ingresos tuvieron respaldo documental y bancario. La acusación, en cambio, plantea que algunas operaciones habrían servido para encubrir el origen de fondos. Esas posiciones deberán evaluarse en el proceso judicial: los argumentos de las partes no equivalen a una sentencia definitiva sobre los hechos investigados.

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