Cristóbal López y Cartellone, a un paso de quedarse con la mitad de las rutas licitadas

Las ofertas económicas más competitivas en cuatro de los ocho tramos nacionales ponen a los grupos empresarios como virtuales ganadores de la tercera etapa de concesiones viales.

La apertura de sobres en la plataforma ContratAr reveló que las empresas vinculadas a Cristóbal López y al grupo Cartellone presentaron las propuestas más bajas para cuatro corredores, que suman unos 2.500 kilómetros de rutas. La etapa completa abarca 3.920 kilómetros y busca adjudicar cerca de 9.000 kilómetros de la Red Federal de Concesiones (RFC), por donde circula el 80% del tránsito nacional.

¿Qué tramos se llevaría cada uno?

La empresa CPC, de Cristóbal López, obtuvo la mejor oferta para el tramo Mesopotámico, que incluye 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18 en Entre Ríos, con un peaje de $3.340 más IVA. También se posicionó para el tramo Chaco-Santa Fe, de 497 kilómetros sobre la ruta nacional 11, ofreciendo $3.240 más IVA, por debajo de la competencia. A esto se suma el tramo Portuario Norte, ya obtenido previamente, por lo que CPC administraría más de 1.300 kilómetros.

Por su parte, Autovía Construcciones y Servicios, subsidiaria de Cartellone, se quedó con las mejores ofertas para los tramos Noroeste y Litoral, que abarcan unos 1.143 kilómetros en Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco y Corrientes.

Los detalles de la concesión

Antes de comenzar a cobrar peajes, las adjudicatarias deberán realizar trabajos de puesta en valor: repavimentación, bacheo, corte de pasto e iluminación. El Gobierno prevé completar con esta etapa la adjudicación de los primeros 9.000 kilómetros de la RFC, mientras evalúa nuevas licitaciones para corredores estratégicos como los vinculados a Vaca Muerta.

En paralelo, la administración nacional delegó al gobierno de Santa Fe la gestión de algunos tramos de la ruta nacional 12 no incluidos en las concesiones privadas. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el nuevo esquema apunta a "promover una mayor participación del sector privado en el mantenimiento y operación de la infraestructura".

Una vez finalizado el período de análisis e impugnaciones, el Gobierno Nacional avanzará con la firma de los contratos de adjudicación.