Cuando una muerte no es lo que parece: el riguroso protocolo para investigar suicidios en Rosario

En la provincia, cada caso de muerte violenta se investiga como un posible homicidio hasta que se demuestre lo contrario. La Unidad Fiscal Especial en Siniestros Viales y Delitos Culposos, con cinco fiscales a cargo, despliega un operativo similar al de un asesinato para determinar si realmente hubo una mano externa o si se trató de un suicidio. Los números son alarmantes: el año pasado se registraron 448 casos en toda la provincia, la mayoría en el departamento Rosario.

Una fiscal de esa unidad relató que en un solo turno de siete días tuvo que intervenir en diez suicidios y ocho tentativas. “La gente, generalmente, busca una respuesta del porqué en nosotros, en la investigación. Y la mayoría no avisa”, afirmó una experimentada investigadora del Ministerio Público de la Acusación.

¿Cómo se investiga cada caso?

El fiscal de turno convoca al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones para realizar pericias y envía el cuerpo al Instituto Médico Legal de Rosario para la autopsia. Si la víctima es una mujer y su pareja estuvo en la escena, el protocolo a seguir es el de femicidio, ya que existen antecedentes que demuestran que un femicida puede adulterar la escena para confundir a los peritos.

Un ejemplo reciente es el femicidio de Sophia Civarelli (22), asesinada de una puñalada en el cuello el 17 de abril en 3 de Febrero al 2400. Su novio Valentín Alcida limpió parte del interior del departamento, colocó el cuchillo en la mano de la víctima y dejó una nota diciendo que ella se había suicidado. Luego, él se quitó la vida horas después. Otro caso emblemático es el de Noelia Elizabeth García, cuyo cuerpo fue hallado en 2018 en Juan B. Justo al 5800. Inicialmente se pensó en un suicidio, pero la fiscalía demostró que fue un femicidio y su expareja fue condenado a prisión perpetua en 2022.

Protocolos especiales

El mismo procedimiento se aplica en intentos de suicidio con armas de fuego cuando están involucradas mujeres, niños o fuerzas de seguridad, y en muertes en custodia. En estos casos, se solicita autopsia bajo el protocolo de Minnesota, que exige más muestras para determinar responsabilidad estatal. Además, se piden historias clínicas, pericial odontológica, secuestro de celulares, entrevistas al entorno y oficios a organismos como el Teléfono Verde o la Secretaría de Género. Si la víctima es menor, interviene la Secretaría de Niñez. Cuando se confirma un homicidio doloso, el caso pasa a la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.