¿Cuánto cuesta cada ley? El proyecto que busca que Neuquén lo sepa antes de votar

La Legislatura de Neuquén inició el debate de una iniciativa que podría cambiar las reglas del juego: que todo proyecto de ley con impacto fiscal incluya una estimación de su costo antes de ser tratado. La propuesta, presentada por los legisladores Cielubi Obreque (MPN) y Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria), busca que los diputados y sus equipos técnicos elaboren ese cálculo, sin necesidad de crear una oficina específica.

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia ya comenzó a analizar el texto, que apunta a reforzar la transparencia y la calidad de la información al momento de decidir. Sin embargo, el debate dejó en evidencia diferencias sobre si el requisito debe ser obligatorio, quiénes deberían cumplirlo y cómo implementarlo. El tema seguirá en comisión.

¿Qué dice la iniciativa?

El proyecto alcanza a las iniciativas que creen programas, organismos, subsidios o beneficios a cargo del Estado. También a las que fijen exenciones o tributos, reformen estructuras de personal, autoricen operaciones de crédito público o afecten fondos específicos del Tesoro provincial. En todos los casos, se deberá adjuntar una estimación con el tipo de gasto, sus posibles fuentes y el universo de beneficiarios.

Obreque remarcó que la propuesta apunta a fortalecer la calidad parlamentaria con datos objetivos. Explicó que hoy las iniciativas que crean programas, establecen beneficios fiscales o generan nuevas obligaciones no requieren ningún cálculo de cuánto cuestan o cuánto se deja de recaudar. La legisladora señaló que la estimación de impacto presupuestario ya se utiliza en otros parlamentos del mundo y en el Congreso de la Nación.

El origen de la idea

Monzani, por su parte, contó que la idea surgió a partir de una iniciativa sobre electrificación rural. En aquel caso, el análisis de costos permitió comparar distintas alternativas de inversión y advirtió que muchas veces la Legislatura debate sin información económica suficiente.

La estimación se adjuntará como anexo al proyecto y tendrá carácter estrictamente informativo: no será vinculante ni condicionará el sentido de los votos. Además, la norma prevé que los proyectos sin la estimación sean admitidos con observación, y su autor tendrá un plazo de diez días para subsanar la omisión. La comisión de Hacienda no podrá emitir despacho hasta que se cumpla, salvo dispensa fundada por mayoría de sus miembros.

Posturas encontradas

El diputado Claudio Domínguez (MPN) propuso reformular la iniciativa como un proyecto de resolución y aplicar el requisito a todos los expedientes que tengan giro a la comisión de Hacienda y Presupuesto, incluidos los remitidos por otros poderes del Estado.

Desde JxC-UCR, el diputado César Gass expresó reparos sobre el carácter obligatorio de la medida: consideró que podría transformarse en una limitación para presentar iniciativas y sugirió que la incorporación sea optativa. La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) coincidió en la utilidad de la herramienta, pero advirtió una traba práctica: la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a los pedidos de informe limitaría la posibilidad de elaborar los cálculos propuestos.

En una línea crítica, el diputado César Parra (PTS-FIT-U) enmarcó la iniciativa en la orientación nacional de déficit cero y sostuvo que ese tipo de propuestas “buscan ser un ariete contra los reclamos populares”. El debate continuará en comisión, y todavía no hay definiciones sobre su viabilidad.