Cuatro décadas después, la Justicia vuelve a mover el expediente del robo más audaz a Tribunales

El Juzgado Federal N°4 de Rosario citó a declaración indagatoria a tres nuevos imputados en la causa que investiga el asalto al edificio de los Tribunales Provinciales, ocurrido en 1984. La medida, dispuesta el 8 de octubre, alcanza a V.H.R., E.R.C. y W.D.P., quienes habrían integrado la estructura de inteligencia del Destacamento 121 del Ejército.

La citación se apoya en el dictamen del fiscal Adolfo Villatte, al frente de la Unidad de Asistencia para causas de Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado en la jurisdicción Rosario. Según la hipótesis que sostiene la investigación, los tres habrían organizado y ejecutado el operativo que buscaba sustraer y destruir pruebas comprometedoras para miembros de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas.

Un golpe de madrugada con uniformes y armas

El hecho ocurrió en la madrugada del 8 de octubre de 1984, cuando un grupo armado ingresó al edificio de Balcarce entre Montevideo y avenida Pellegrini. Los intrusos privaron ilegítimamente de la libertad al personal policial que custodiaba la sede y se llevaron sus armas reglamentarias.

Ya dentro, se dirigieron al Juzgado de Instrucción N°10, de donde sustrajeron la Causa N°6/84 —conocida después como la causa “Feced”— y elementos probatorios vinculados a esa investigación. El operativo tuvo además un segundo blanco: un domicilio de calle Dorrego 1638, donde también redujeron al policía de consigna y le quitaron su pistola reglamentaria.

La confesión que abrió el camino

La reconstrucción de lo sucedido se apoya en la condena de Héctor Fructuoso Funes, jefe de Inteligencia (G2) e integrante del Estado Mayor del Comando del II Cuerpo de Ejército. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario lo sentenció mediante la Sentencia N°19/2023, en el marco de un juicio abreviado.

Un elemento clave de la prueba fueron los reclamos administrativos que el teniente coronel Luis Américo Muñoz, entonces segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, presentó ante el Ejército, el Ministerio de Defensa y el Presidente de la Nación en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Muñoz buscaba que revisaran su calificación como “apto para continuar en su grado”, que le impedía ascender a coronel.

En el recurso que presentó el 15 de mayo de 1989, Muñoz describió dos hechos de su gestión al frente del Destacamento con el grado de teniente coronel, a los que llamó “Operaciones Especiales”. El segundo de ellos habría sido el denominado “Robo a Tribunales”.

Sobre ese punto, sostuvo que la operación requirió un “gran despliegue de efectivos y medios” y que su finalidad fue “disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos” que buscaban llevar ante la Justicia a personal militar, civil y policial. Según afirmó, el operativo “cumplió ampliamente su cometido”.

Más adelante agregó que esa segunda Operación Especial, concretada en 1984, había permitido “disminuir el hostigamiento de la subversión enancada en las organizaciones de derechos humanos y llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas”.

En el marco del acuerdo de juicio abreviado, Funes reconoció los hechos que se le atribuían en su declaración indagatoria. Así quedó acreditada su intervención en la ejecución del operativo, coordinado con el Jefe de Operaciones (G3) del Comando del II Cuerpo de Ejército, a través de la Jefatura y con el despliegue de personal del Destacamento de Inteligencia 121.

El testigo que describió la estructura

La investigación pudo avanzar sobre los demás participantes a partir del registro audiovisual de una declaración que Gustavo Francisco Bueno, Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 121, prestó en 1986 ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En esa oportunidad, Bueno afirmó que, al menos hasta 1986, “continuaban montados perfectamente elementos de Operaciones Especiales de Inteligencia”. Cuando le pidieron un ejemplo concreto de maniobras para frenar el avance de la Justicia, mencionó el “robo que se produce en Tribunales sobre pruebas que poseía la CONADEP”.

En su relato describió la composición del grupo responsable del operativo e identificó, entre sus integrantes, a quienes ahora fueron citados a indagatoria. También explicó que esa estructura necesitaba un suministro sistemático de información desde los tribunales sobre las causas que investigaban a los responsables de delitos de lesa humanidad.

Las nuevas citaciones apuntan a establecer las responsabilidades individuales de quienes habrían participado en esa estructura y en la ejecución del operativo. Para la investigación, se trataba de un aparato organizado de poder, con distintos actores que coordinaban acciones para sustraer pruebas y obstaculizar deliberadamente el accionar de la Justicia.

Las indagatorias de los dos ex integrantes del Personal Civil de Inteligencia —ambos vinculados al grupo de tareas liderado por Pascual Oscar Guerrieri y con múltiples condenas en distintos tramos de la causa— y la del ex Jefe de la Sección Segunda del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército se formalizarán en las próximas semanas.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.