Cuatro intendentes se encierran en Córdoba y el motivo preocupa a todos los municipios

Los intendentes Daniel Passerini (Córdoba capital), Guillermo De Rivas (Río Cuarto), Eduardo Accastello (Villa María) y Damián Bernarte (San Francisco) se reúnen hoy en la capital provincial para definir cómo sostener la tasa de Comercio e Industria tras un fallo de la Corte Suprema que, por unanimidad, le dio la razón al Banco Galicia y revocó la sentencia del Tribunal Superior de Córdoba.

El encuentro no es casual: los cuatro jefes comunales comparten la misma inquietud por el golpe que el criterio del máximo tribunal puede significar para las arcas municipales. En el plano jurídico no ven demasiado margen para pelear, por lo que apuntan a una salida política.

Qué dice el fallo que encendió las alarmas

La Corte Suprema resolvió que una tasa no puede transformarse en un impuesto y que los municipios deben demostrar qué servicios concretos le prestan al contribuyente para determinar si corresponde el pago y de qué monto. En la sentencia se exige que el servicio haya sido “efectivamente organizado y puesto a disposición del contribuyente” y que exista una “relación razonable” entre esa prestación y lo que se cobra. En otras palabras: sin contraprestación, no hay tasa.

El litigio entre la Municipalidad de Córdoba y el Banco Galicia viene de lejos. El Estado capitalino reclamaba una deuda acumulada entre 2001 y 2005 y la entidad financiera acudió a la Justicia. La ordenanza cordobesa justificaba el cobro con una lista de servicios —higiene, salubridad, asistencia social, desarrollo de la economía, entre otros— que el Tribunal Superior avaló, pero que la Corte ahora desbarató.

El número que explica la preocupación

Para la Municipalidad de Río Cuarto, la tasa de Comercio e Industria representó en julio de este año una recaudación de 3.193 millones de pesos. Es el principal ingreso mensual del Estado local y el que quedaría en jaque si el criterio de la Corte se extiende.

“Si esto no tiene una modificación, puede haber un aluvión de demandas no sólo de bancos sino de comercios y empresas de todo tipo. Se puede desmoronar el principal sostén de la recaudación de los gobiernos locales. Muchos municipios no van a poder seguir funcionando”, advirtió un dirigente.

La inquietud del Municipio riocuartense apunta a un escenario concreto: que ante eventuales reclamos judiciales de los contribuyentes, la defensa del Estado local ni siquiera supere la primera instancia y la recaudación se vaya debilitando mes a mes.

La sombra de la avanzada nacional

Otro aspecto que genera especial preocupación es que el criterio de la Corte Suprema se ajusta casi por completo a la pretensión del gobierno nacional y del ministro de Economía, Luis Caputo, que ya había lanzado una ofensiva a través del Banco Nación contra las tasas municipales. Según esa mirada, contribuciones como la de Comercio e Industria encarecen el funcionamiento de la economía.

“El próximo paso va a ser contra Ingresos Brutos. Entonces, no sólo estarán desfinanciados los municipios sino también las provincias. El tema es quién va a prestar los servicios esenciales en ese caso”, indicaron desde el Palacio.

Los intendentes que se reúnen hoy consideran que el cobro de la contribución en su conjunto corre riesgo y que la respuesta debe ser política: una negociación a nivel de la gobernación y una gestión de los diputados y senadores por Córdoba.