Cuatro kioscos de droga cayeron en Centenario: uno de los detenidos hizo algo que lo dejó tras las rejas
Cuatro bocas de droga en Centenario quedaron al descubierto y los acusados ya tienen medidas: uno de ellos, señalado por episodios de violencia, no podrá esperar el juicio en su casa. Lo que encontraron en los allanamientos y por qué la jueza tomó esa decisión.
La Justicia de Neuquén formuló cargos contra cuatro personas acusadas de vender cocaína y marihuana en cuatro puntos de Centenario. Uno de los imputados quedó en prisión preventiva por dos episodios violentos: disparó contra una vivienda y amenazó de muerte al dueño, y además intentó atropellar a un policía para escapar de un control.
La fiscal del caso, Silvia Moreira, presentó la acusación en una audiencia en la Ciudad Judicial de Neuquén capital. Según el Ministerio Fiscal, los acusados son tres varones —M.N.V.A., J.P.Z.A. y K.B.— y una mujer —M.A.A.—, imputados por comercializar sustancias ilícitas desde septiembre de 2024 hasta el 12 de septiembre de este año.
Cómo funcionaba la red en Centenario
La acusación describió una división de tareas para la venta de estupefacientes en cuatro bocas de expendio ubicadas en las calles México, Costa Rica, Puerto Argentino y Ricardo Güiraldes. Las ventas se hacían por la tarde y la noche, y los pagos se recibían por transferencias a billeteras virtuales y en efectivo.
El 12 de septiembre pasado se realizaron allanamientos con personal de la División Antinarcóticos de la Policía Provincial. En los operativos secuestraron drogas, balanzas de precisión, dispositivos electrónicos, retazos de nylon y 638.230 pesos en efectivo.
Durante la audiencia, la Fiscalía detalló los roles de cada imputado. M.N.V.A. era el encargado de la compra y venta de las sustancias y usaba el dinero para adquirir estupefacientes tanto para las bocas de expendio como para terceros.
"Es quien conocía a los proveedores, resguardaba y reponía, no solo drogas sino también armas de fuego. Recibía la recaudación diaria", explicó la fiscal.
M.A.A. coordinaba los pagos y transferencias, y usaba su casa para almacenar las sustancias y el dinero en efectivo. P.Z. administraba la organización: recolectaba y controlaba el ingreso de las transferencias, las cantidades y la identidad de quienes transferían junto a M.A.A., y también custodiaba la droga. K.B. era vendedor permanente en las viviendas donde se comercializaba.
Por estos hechos, M.N.V.A., M.A.A. y P.Z. fueron acusados como coautores de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, mientras que K.B. fue considerado partícipe secundario.
Disparos, piedras y amenazas
La Fiscalía sostuvo que M.N.V.A. ejecutó un ataque armado el 15 de septiembre de 2025, cerca de las dos de la madrugada, en la calle Puerto Argentino. Según la acusación, el hombre fue a una vivienda junto a otras personas no identificadas y efectuaron disparos contra la casa, además de amenazar de muerte al residente. La víctima logró refugiarse en un inmueble cercano y no sufrió lesiones.
Ese mismo día, M.N.V.A. regresó al domicilio, arrojó piedras y, cuando la víctima salió, lo amenazó con un arma de fuego para que se fuera de la localidad. Por este episodio, la Fiscalía le atribuyó abuso de armas en concurso real con amenazas agravadas, en calidad de autor.
El intento de atropellar a un policía
El tercer hecho ocurrió el 11 de abril de 2026, alrededor de las 16, en las calles Honduras y Perú del barrio Fonavi. Según la acusación, M.N.V.A. intentó atropellar a un efectivo de la Comisaría 52.
El agente observó un Volkswagen Vento gris en marcha y sin ocupantes. Cuando llegaron dos personas, M.N.V.A. se subió al vehículo e intentó embestir al policía para escapar. Tras el ataque, los agentes iniciaron una persecución por la calle Nicaragua; el hombre abandonó el auto y huyó a pie. Durante la huida dejó caer un envoltorio con 137 gramos de clorhidrato de cocaína. En la requisa posterior del Vento encontraron otros 33 gramos de cocaína y marihuana. Este hecho fue calificado como atentado a la autoridad, en calidad de autor.
Para garantizar la investigación y ante riesgos de fuga y entorpecimiento, Moreira solicitó un plazo de cuatro meses y prisión preventiva para M.N.V.A. Para M.A.A., P.Z. y K.B. pidió detención domiciliaria por el mismo plazo con control de dispositivo electrónico y vigilancia.
Qué resolvió la jueza
La fiscal también requirió prohibir cualquier contacto con la víctima del abuso de armas, embargar el 70% de los fondos de las cuentas bancarias y el 100% de los dólares, el embargo de vehículos y motos secuestradas, y la clausura preventiva de las casas usadas como puntos de venta.
La jueza de garantías Natalia Peloso rechazó el planteo de incompetencia de las defensas y confirmó la competencia de la justicia provincial. Fijó el plazo de investigación en cuatro meses y dio por formulados todos los cargos.
En sintonía con lo pedido por la fiscal, Peloso dictó prisión preventiva por cuatro meses para M.N.V.A. en un establecimiento carcelario y desestimó la domiciliaria solicitada por su defensa en la casa de un familiar, porque la vivienda no contaba con las garantías de seguridad necesarias.
Para M.A.A. y P.Z. concedió prisión domiciliaria por cuatro meses. K.B. quedó en libertad, aunque deberá fijar domicilio y presentarse tres veces por semana en la Comisaría 52.
Finalmente, la jueza autorizó el embargo de las cuentas bancarias y de Mercado Pago, con excepción de la cuenta en la que M.A.A. percibe sus haberes jubilatorios. También dispuso el embargo de los vehículos involucrados y la clausura preventiva de los inmuebles señalados como centros de comercialización.
