La diputada Laura Quintero reclamó las actas de las supervisiones mensuales que Educación prometió a los legisladores y apuntó contra la ministra Verónica Soria: “Nos cuesta creer que no se hayan enterado de absolutamente nada”.
La diputada provincial Laura Quintero (GENERAR) salió a cuestionar a la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, por las supervisiones mensuales que la cartera prometió a los legisladores. Su reclamo es concreto: quiere ver las actas que respaldan esas visitas.
La legisladora apuntó contra la cartera educativa por el caso del Colegio Pía Didoménico. A su entender, resulta difícil de creer que el Ministerio haya cumplido con ese control sin haberse enterado de lo que ocurría dentro de la institución.
Una sanción vigente desde el 2 de noviembre
El planteo de Quintero llegó después de que Educación suspendiera por seis meses el aporte estatal al nivel secundario del colegio. La medida rige desde el 2 de noviembre.
El sumario administrativo había concluido que la institución conocía las situaciones de hostigamiento desde junio. El Ministerio, en cambio, sostuvo que tomó conocimiento de lo sucedido el 21 de octubre. Esa diferencia de fechas es el eje de la sospecha de la diputada.
“Queremos ver las actas”
En diálogo con la prensa, Quintero recordó la reunión a la que los legisladores fueron convocados en el Ministerio. Allí, según relató, la ministra y su equipo técnico les aseguraron que supervisarían los colegios una vez por mes.
“Si ellos cumplieron con esta tarea de supervisión, entonces queremos ver las actas en las que se materializaron esas supervisiones”, planteó.
Y agregó: “La verdad nos cuesta creer que hayan tenido lugar estas supervisiones y no se hayan enterado de absolutamente nada”.
Un pedido de acceso a la información, no un proyecto
La legisladora aclaró que su reclamo no es una iniciativa legislativa, sino una nota dirigida directamente al Ministerio. En ese escrito pidió conocer las pruebas y la documentación que se analizaban en el sumario, además de su resolución.
La presentación abarca las supervisiones de 2025 y 2026 anteriores al 21 de octubre. Algunos puntos quedaron sin objeto porque el sumario ya se resolvió, pero todavía falta que se respondan y se envíen las actas de supervisión que llevó a cabo el Ministerio.
En el mismo pedido consultó si se había dado intervención a las familias, a las que definió como “la palabra autorizada” para determinar cuándo empezaron los hechos. Según indicó, tenía conocimiento de que no se las había convocado.
La preocupación por los casos que no trascienden
Consultada sobre la posibilidad de que existan situaciones que no salen a la luz en colegios públicos del interior, Quintero respondió que le preocupa “un montón”. Remarcó que este caso se conoció porque trascendió.
“Estuvimos cuatro meses sin conocer este gravísimo hecho. Hasta había una denuncia y no la conocimos”, señaló.
La diputada estimó que hay situaciones similares tanto en escuelas públicas como privadas, “porque esto no discrimina a ningún colegio, a todos les pasa”.
Los proyectos sobre bullying, en tres bloques
Respecto de las iniciativas legislativas sobre bullying, ciberbullying y violencia digital, indicó que son entre 15 y 16 proyectos de distintos autores. Como los objetos de cada uno son diferentes, se consensuó unificarlos en tres.
En esa línea, planteó que hace falta un abordaje integral que empiece antes de que los casos ocurran, con capacitación para los docentes y trabajo con las familias.
“La familia también es un eslabón importante, creo que el primero en esta situación, porque la educación es desde la casa”, afirmó.
Y resumió: “Para que esto deje de ocurrir, el trabajo tiene que ser conjunto, familia, escuela, sociedad y Estado”.
