Cuatro partidos opositores tucumanos presentaron una demanda contra el artículo 90 de la Constitución provincial. La Corte Suprema ya la tiene en sus manos y ahora una dependencia clave debe responder una sola pregunta antes de que el caso avance.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación remitió este martes a la Procuración General de la Nación la demanda de cuatro partidos opositores tucumanos que buscan frenar una eventual reelección del gobernador Osvaldo Jaldo, para que el organismo dictamine si corresponde que el máximo tribunal intervenga en el caso.
La presentación había sido impulsada por Cambia Tucumán, PRO, Fuerza Republicana y Creo. Ahora el expediente quedó en manos del órgano que conduce los intereses del Ministerio Público Fiscal, aunque con un alcance limitado: el dictamen no entrará en la validez de la candidatura ni en el fondo de la controversia.
Qué debe responder la Procuración
El pedido de opinión apunta a una sola cuestión: establecer si la causa reúne las condiciones para ser tratada por la Corte mediante su competencia originaria, el mecanismo previsto para determinados litigios en los que una provincia es parte.
La opinión de la Procuración no será vinculante. Con el pronunciamiento en mano, los jueces del máximo tribunal deberán resolver si aceptan intervenir en el planteo. Por ahora no hay un plazo fijado para la emisión del dictamen.
El artículo 90, en la mira
Los cuatro partidos solicitaron declarar parcialmente inconstitucional el artículo 90 de la Constitución provincial. La demanda apunta a impedir que una misma persona pueda completar dos períodos consecutivos como vicegobernador y luego acceder a otros dos como gobernador, utilizando la alternancia entre ambos cargos para reiniciar el cómputo de mandatos.
El planteo busca que esa interpretación no habilite a Jaldo a competir por un segundo período consecutivo al frente del Poder Ejecutivo provincial en las elecciones del 9 de mayo de 2027. El actual mandatario fue vicegobernador entre 2015 y 2023 y asumió la Gobernación ese último año.
Los partidos fundamentaron su reclamo en el antecedente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en el caso Manzur, resuelto mediante la sentencia 1481 del 29 de noviembre de 2022. La presentación no incluye un pedido de medida cautelar.
El debate sobre quién debe resolver
Uno de los puntos centrales que deberá examinar la Procuración es si la controversia puede llegar directamente a la Corte nacional o si antes deben agotarse las instancias judiciales de Tucumán.
Los demandantes sostienen que existe una cuestión federal porque consideran que el artículo 90 de la Constitución provincial debe analizarse a la luz de la garantía republicana establecida en los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional. Como antecedente, citaron un fallo de diciembre de 2024 vinculado con la Constitución de Formosa.
En sentido contrario, la fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone de Valls, cuestionó que los partidos opositores acudieran directamente al máximo tribunal nacional sin recorrer previamente los tribunales provinciales. Una fuente judicial anticipó que la Procuración podría pronunciarse en esa misma dirección.
La respuesta de Jaldo y el fantasma de 2023
Consultado sobre la presentación judicial, el gobernador sostuvo que el objetivo de sus impulsores es «sacar de la cancha a un candidato».
La discusión sobre el artículo 90 tiene un antecedente reciente. En 2023, una medida cautelar de la Corte Suprema nacional impidió la candidatura de Juan Manzur a vicegobernador. Sin embargo, la causa quedó abstracta luego de que Manzur renunciara a esa postulación y la norma no recibió entonces un pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad.
Ahora, la Corte deberá resolver primero si tiene competencia para analizar el nuevo planteo, antes de avanzar sobre la discusión de fondo.
