Cuatro policías acordaron su condena en la causa narcopolicías, pero uno pagará muy caro
Cuatro condenas, un policía que no podrá evitar la cárcel y casi 9,5 kilos de cocaína que nunca llegaron al fuego: la causa narcopolicías sumó nuevas definiciones, pero la fiscalía no suelta a los que apuntan como los organizadores.
La causa conocida como narcopolicías o Banda del Yeso sumó nuevas definiciones tras los acuerdos de juicio abreviado alcanzados por cuatro de los imputados. Las calificaciones legales y penas formalizadas alcanzaron a Gastón Ezequiel Villalba, Francisco Lucas Leonel García, Gustavo Jesús Acosta y Néstor Ariel Urne Canteros, con diferencias sustanciales entre las responsabilidades atribuidas a cada uno.
En los casos de Villalba, García y Acosta, se acordaron penas de tres años de prisión en suspenso, con accesorias legales y costas, como autores penalmente responsables del delito de encubrimiento agravado.
La agravante se sustentó en que el hecho investigado corresponde a un delito especialmente grave, la existencia de ánimo de lucro y la condición de funcionarios públicos de los acusados.
Un caso aparte
Una situación distinta fue la de Néstor Ariel Urne Canteros, quien acordó una pena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva, además de 45 unidades fijas de multa e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
Asimismo, fue considerado responsable de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de participantes y su calidad de funcionario público, en concurso material con el delito de peculado.
La causa sigue abierta
La posibilidad de nuevos juicios abreviados no estaría agotada y podría haber otros detenidos que intenten alcanzar acuerdos con el Ministerio Público Fiscal en las próximas instancias.
Sin embargo, la fiscalía mantendría una posición inflexible respecto de Quizama y Rubén Héctor César Alegre.
En el caso de Alegre, la acusación fiscal lo ubicó previamente como organizador de la maniobra investigada por la sustracción de casi 9,5 kilos de cocaína que debían ser incinerados durante un procedimiento oficial realizado en diciembre de 2025 en Colonia Benítez.
